Después de meses de investigación, la comisión del Parlamento Europeo que analizaba el espionaje con Pegasus en diferentes países de todo el continente, también España y Catalunya, ha presentado hoy sus conclusiones en un informe en que señala directamente al Gobierno como autoridad detrás del espionaje a 65 líderes independentistas en el marco del caso conocido como CatalanGate. Después de criticar que el Gobierno ha proporcionado muy poca información sobre su uso de Pegasus, justificándolo en motivos de seguridad nacional que no les han convencido, el informe concluye: "Sin embargo, basándose en una serie de indicadores, se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas, principalmente en relación con el 1 de octubre de 2017, día del referéndum de independencia de Catalunya, y acontecimientos posteriores". Yendo más allá, también plantea que el Gobierno podría haber sido el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO, propietario de Pegasus.
En este primer borrador sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria, además, queda muy claro que, en los casos que afectan a los políticos catalanes, no se puede establecer cuál habría sido la amenaza a la seguridad nacional que esgrime el Gobierno para justificar el uso de Pegasus contra los independentistas. De las 159 páginas del informe, 12 de estas están dedicadas al caso español, no solo sobre el CatalanGate, sino también por el espionaje con Pegasus sobre el teléfono de Pedro Sánchez y otros ministros por parte de Marruecos. En este sentido, en buena parte del texto dedicado a España se analiza el trabajo del CNI, del que destaca que es un cuerpo que en otros momentos ya había estado envuelto en polémicas y numerosos escándalos. El texto es un golpe muy duro para el Gobierno, que queda totalmente señalado por parte de la Eurocámara como responsable del espionaje del CatalanGate. Se da por hecho que este informe, redactado por Sophie in 't Veld, eurodiputada liberal neerlandesa, recibirá enmiendas, entre las cuales algunas de sus compañeros españoles del grupo liberal, es decir, de Ciudadanos, que no se sienten para nada cómodos con estas palabras.
Espionaje en un momento clave para Catalunya
En el texto, que después In 't Veld ha explicado en rueda de prensa destacando que son conclusiones provisionales, se habla de una "tendencia clara" a la hora de intentar infectar dispositivos de personas clave del independentismo durante lo que define como "momentos de relevancia política" para Catalunya, en referencia al referéndum del 1-O, los casos judiciales contra los presos políticos o las manifestaciones multitudinarias después de la sentencia, así como la comunicación con los independentistas que "vivían fuera de España", en referencia a los exiliados como Carles Puigdemont, que, pese a no aparecer en la primera lista de espiados, ha denunciado recientemente que todo indica que su teléfono también estuvo infectado con Pegasus.
Otro de los hechos negativos que expone el informe es que el Gobierno solo ha reconocido 18 de los 65 casos de espionaje que se descubrieron el pasado mes de abril, cuando CitizenLab hizo público el listado entero de personas espiadas en un escándalo sin precedentes y que supone uno de los casos de espionaje masivo más importantes de la historia. Concretamente, 10 días después de que se conociera este listado y entre mucha presión de los políticos catalanes para que el Gobierno reconociera su implicación, se supo que la Moncloa había autorizado el CNI a intervenir el teléfono de 18 dirigentes de Tsunami Democràtic, aunque después el Tribunal Supremo aclaró que nunca ha autorizado a este cuerpo, que pertenece al Ministerio de Defensa, a realizar este tipo de espionaje: "Teniendo en cuenta que las autoridades solo han recurrido 18 de 65 casos, no es posible establecer cómo habrían tenido un impacto inmediato o constituir una amenaza inminente a la seguridad nacional o a la integridad del estado", resume el texto. Por este mismo motivo, una de las recomendaciones que hace la autora es que se haga una definición común para toda Europa de lo que es la "seguridad nacional", que sirve para determinar qué régimen debe aplicarse en este tipo de casos.
Diferencias entre el gobierno español y los independentistas
Este no es el único motivo por el que el comité saca los colores al Gobierno, sino también por la diferencia de velocidad a la hora de tramitar las denuncias de los miembros del gobierno español espiados con Pegasus, probablemente desde Marruecos, y las que se han presentado en Barcelona por parte de los independentistas. "En contraste con la rapidez del caso de Pedro Sánchez y el resto de miembros del gobierno español en Madrid, los casos que han sido presentados en Barcelona por las víctimas catalanas del espionaje se mueven muy lentamente", denuncia la diputada, autora del informe. En este sentido, cita la protesta de Andreu van den Eynde sobre el caso de Oriol Junqueras, que ha acusado a la justicia de querer paralizar su caso.