El informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía también analiza la posibilidad de que los jueces comparezcan en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados. ¿El motivo? El Senado le preguntó explícitamente si eso “pondría en peligro la independencia del poder judicial y la separación de poderes”. La respuesta del órgano consultivo del Consejo de Europa, que no es vinculante, es tajante: “Los jueces no tendrían que estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial” y, por lo tanto, para cumplir con los principios de separación de poderes y de independencia del poder judicial, la cámara baja “no tendría que convocarlos, ni siquiera de invitarlos” a comparecer. Es una cuestión sobre la cual, según apunta la Comisión de Venecia, “varios interlocutores expresaron su preocupación” durante la visita de la delegación a España.
El dictamen asevera que “exigir a los jueces que informen a un órgano político y en público” sobre cómo han tratado un caso concreto supone una “injerencia política en la administración de justicia” y genera un “efecto escalofriante” al resto de jueces, especialmente a los que tengan sobre la mesa causas pendientes o vinculadas a “causas de exclusión de la aplicación del proyecto de ley de amnistía”. Sin mencionarlo, es una afirmación que habla claramente del magistrado Manuel García-Castellón.
Son las comisiones de investigación que pactaron Junts y ERC con el PSOE, cada uno por su parte, para dar apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso: sobre la Operación Catalunya y sobre la verdad de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 (registradas por Junts y por el PNV) y sobre el espionaje de Pegasus a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas (impulsada por ERC). Las tres se constituyeron hace tres semanas y, en la única que se ha puesto en marcha, la del 17-A, PSOE, Junts y ERC, han sido incapaces de acordar el plan de trabajo.
La Comisión de Venecia apunta que “el órgano competente para tratar las cuestiones disciplinarias de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial” y que, lejos de eso, la finalidad principal de las comisiones de investigación parlamentarias es “supervisar y controlar el trabajo del poder ejecutivo” con el objetivo de “garantizar la responsabilidad política democrática y mejorar la transparencia y la eficiencia de la administración”. Además, cita una encuesta comparativa de 2010 a escala de la Unión Europa que “no mencionaba ninguna posibilidad de supervisar el Poder Judicial” en los 27 estados miembros.
Los pronunciamientos del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y del Comité de Ministros del Consejo de Europa
En su informe, la Comisión de Venecia apela a una opinión de 2015 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que afirmó que hay “peligro de superposición entre el papel adecuado de los jueces y el de las comisiones parlamentarias de investigación” y justificó que, para preservar una “correcta separación de poderes”, los informes de las comisiones de investigación “no tienen que interferir nunca en las investigaciones o los juicios”. Si los informes tienen que comentar los fallos judiciales en casos concretos, “tienen que hacerlo con el respeto adecuado y se tienen que abstener de expresar cualquier crítica en términos que equivalgan a una revisión de las decisiones tomadas”, esgrimía el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. También apuntaba que, a pesar de eso, si se investigan “posibles defectos de la administración de justicia que ha puesto de manifiesto un caso concreto”, estas actuaciones “se pueden examinar con la debida diligencia”.
Además, la Comisión de Venecia cita una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que aducía que los jueces tienen que ser “independientes y poder actuar sin ninguna restricción, influencia indebida, incentivos, presiones, amenazas o interferencias, directas, o indirectas, de cualquier ámbito o por cualquier motivo”. Afirmaba que “los jueces no tendrían que estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al poder judicial”.
Poca información recopilada
La Comisión de Venecia reconoce que “no ha podido obtener información precisa” sobre el “mandato” de las comisiones, el estado de su tarea o cualquier “precedente relevante”. Solo fueron informados de que el Consejo General del Poder Judicial afirmó que los magistrados no tenían que comparecer (el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, habló de “choque brutal” si eso se producía). Por lo tanto, la Comisión no pudo concluir si el objetivo de las comisiones es “estudiar procedimientos judiciales concretos” y si “tienen la facultad y el mandato de citar e interrogar a los jueces que se encargaban de estos casos”.
ERC pide la comparecencia de jueces y la Moncloa cierra la puerta
El único partido que de momento ha hecho públicos los nombres de los jueces que quiere que comparezcan en las comisiones de investigación es Esquerra Republicana. En la comisión sobre la Operación Catalunya, los republicanos quieren que comparezca Manuel García-Castellón (juez de instrucción de la Audiencia Nacional) y Hermenegildo Alfredo Barrera (juez de instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid). Por su parte, en la comisión sobre el espionaje con Pegasus, aparte de García-Castellón, que repite en la lista, quieren escuchar a cuatro jueces más: José Luis Calama (de la Audiencia Nacional), Pablo Lucas Murillo (del Tribunal Supremo), Alejandro Abascal (juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional) y Santiago García (del juzgado de instrucción 29 de Barcelona). Ahora bien, a pesar de los intentos de ERC, el Gobierno y el PSOE han dejado claro en repetidas ocasiones que “cumplirán la ley” y se opondrán a las peticiones de hacer comparecer jueces en la cámara baja.