El comité del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus lamenta la falta de cooperación por parte de los diferentes gobiernos nacionales para desclasificar información que podría ser útil para revelar quien ha autorizado el espionaje, una de las grandes dudas que se esconden detrás de estos casos. "Esperábamos más cooperación de los gobiernos, pero no lo hemos visto", ha señalado la ponente y eurodiputada del grupo Renew, Sophia In 'T Veld, en una rueda de prensa posterior a las visitas que ha hecho el comité a Chipre y Grecia. De hecho, la parlamentaria neerlandesa ha manifestado que el comité no sabrá toda la verdad sobre el uso de Pegasus "hasta que las autoridades oficiales estén dispuestas a compartir la información", algo que no parece que pase pronto teniendo en cuenta estas críticas. En el caso de Chipre y Grecia, como en el de España, una de las principales sospechas es que fueron actores vinculados al mismo gobierno los que autorizaron el uso de Pegasus, y por eso, se habrían negado a colaborar para resolver todas las dudas: "Todavía no tenemos todas las piezas del puzzle, pero también es cierto que cada vez tenemos más", ha subrayado In 'T Veld.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a los primeros ministros de estos países y a los respectivos parlamentos para que "utilicen sus poderes" para levantar la confidencialidad. "En cualquier momento se podría resolver, pero no estamos viendo esta voluntad", ha añadido. Por su parte, el presidente del comité Pegasus, Jeroen Lenaers, también considera que todavía quedan "muchas dudas por resolver" y lamenta que la seguridad nacional a menudo se utilice como "la excusa" para defender el uso de programas de espionaje. Hay que tener en cuenta, que a mediados de septiembre, España era el único país sospechoso de utilizar el software que todavía no había respondido las preguntas de Bruselas, y, por lo tanto, había ignorado el requerimiento de la Comisión Europea durante casi cuatro meses.

La última comisión de Pegasus con los eurodiputados catalanes

En una de las últimas reuniones del comité que investiga Pegasus intervinieron los eurodiputados catalanes espiados con este y de otro software y aprovecharon esta reunión para lamentar los intentos por parte de las autoridades españolas de desacreditar su figura y las investigaciones de Citizen Lab. "Estamos hablando de casos que suponen violaciones de derechos fundamentales, y algunos están dudando de la veracidad de un informe elaborado por una institución de gran prestigio", señalaba el eurodiputado de ERC, Jordi Solé, mientras que todos los políticos catalanes coincidieron en declarar este caso de escándalo, denunciado el bloqueo de la misión en España por investigar el uso de 'software' de espionaje, en el mismo sentido que las críticas dirigidas hoy a los gobiernos de Chipre y Grecia.

En la misma sesión, Carles Puigdemont avanzó que el laboratorio Citizen Lab está investigaba sus dispositivos para analizar posibles pistas del programa espía: "Hay más que sospechas de la infección de Pegasus en mis dispositivos móviles", anunció Puigdemont, remarcando que "nos encontramos en una situación de indefensión y nadie no responde nuestras preguntas". Además, recordó que aunque él no formaba parte del primer listado, de las 65 personas, 11 formaban parte de su entorno próximo: "He sido espiado indirectamente a través de las escuchas telefónicas en los dispositivos infectados de mis abogados, de mi mujer y de las personas con quien tengo relaciones políticas frecuentemente", denunciaba.