El asesinato de Núria, cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar, el 13 de marzo pasado, por parte de un interno que cumplía una condena de 11 años de prisión por el crimen de una mujer en el 2016, es la agresión más grave que han vivido las prisiones catalanas desde 1984, cuando la Generalitat asumió las competencias en Justicia, donde se incluyen las prisiones. El crimen, todo y su gravedad, no ha puesto en cuestión las bases del modelo penitenciario catalán, basado en la reinserción de la persona y defendido por casi todos los partidos. Pero sí su revisión. Hace tiempo que los sindicatos de prisiones -la UGT es el mayoritario- y trabajadores -sobre todo los aglutinados en la plataforma Marea Blava- denuncian que han aumentado las agresiones a los funcionarios de prisiones y reclaman más medidas de seguridad. Un hecho no negado por la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, que en el Parlament admitió que al asumir el departament, ahora hace un año y pico, todos los indicadores estaban de caída, con más agresiones, más suicidios de reclusos, más conflictividad y detección de enfermedades mentales.
La consellera Ubasart explicó que pidió un refuerzo de personal pendiente de hace años, aprobado por el Govern y con la complicidad de otros departamentos, especialmente el de Salud. Un centenar de profesionales de diferentes perfiles han entrado a las nueve prisiones catalanas, recientemente, y hay 407 trabajadores más que se tienen que incorporar de forma pactada con los sindicatos, según Justicia.
¿Negociaciones la semana que viene?
Los representantes sindicales, por ahora, mantienen el pulso y quieren la dimisión de la consellera y del secretario de Mesures Penales, Amand Calderó. Este miércoles un grupo de trabajadores ha bloqueado el acceso a la prisión de Quatre Camins, que los Mossos de Esquadra han desactivado sin incidentes. Además, el director de la prisión de Mas de Enric ha presentado su dimisión, que Justicia ha desvinculado que sea por el crimen de la trabajadora. No obstante, hay contactos y se espera que se retomen las negociaciones con los sindicatos la próxima semana, según fuentes del Govern.
Más de 500 funcionarios agredidos
Los trabajadores aseguran que hay nuevas agresiones desde el crimen de Nuria. ¿Sin embargo, cómo se contabilizan las agresiones que sufren los funcionarios en los centros penitenciarios?
Pues, la lista de agredidos y su clasificación se acuerda entre sindicatos y la dirección de Servicios Penitenciarios, según detallan fuentes del Departament de Justicia. Se indica que una vez al mes se reúnen las dos partes con el fin de analizar las agresiones sufridas por los trabajadores y poner medidas para reducirlas. En la reunión, se analiza caso por caso y se decide la clasificación de cada agresión en tres categorías: agresión grave, leve o sin lesión. Es decir, las estadísticas oficiales, publicadas por el Departament de Justicia, son revisadas y aprobadas por los sindicatos, aunque hay trabajadores que indican que hay más agresiones de las que se informa oficialmente.
Se precisa de que las agresiones graves son todas aquellas que son baja laboral médica, aunque sea de un día o de unas pocas horas de duración. Así, se considera grave una contusión o un golpe en el dedo, y también un ingreso en la UCI. Por lo tanto, esta clasificación no es equiparable a las que se usa en términos hospitalarios cuando se indica que una persona ha sufrido una lesión grave.
Las agresiones leves son todas aquellas que no son baja laboral médica, como rasguños, pequeños cortes o hematomas. Y, las agresiones sin lesión hacen referencia a aquellos incidentes sin afectación física. Desde Justicia se asegura de que los servicios médicos cuidan del personal agredido y que no se les da el alta laboral hasta que se considera que la persona está completamente recuperada.
¿Cuál es la evolución de las agresiones?
Las cifras que recoge y muestra el Departament de Justicia evidencian que hay un aumento de los incidentes: el año 2017 hubo un total de 202 profesionales agredidos, cifra que se elevó a 577 en el 2023. Con respecto a las agresiones graves, el año pasado afectó al 1,3% de la plantilla, formada por 5.801 trabajadores. Es decir, 1 de cada 100 trabajadores sufrió una agresión grave en el 2023. La cifra más baja fue en el 2017 con un 0,6% de agredidos graves del total de profesionales (5.691).
Fuentes del Departament de Justicia indican que las medidas y cambios introducidos ya empiezan a dar buenos resultados. Se detalla que en febrero de 2023 se registraron 7 agresiones graves, mientras que en el mismo mes de este año se redujeron a 2 casos. También bajan las lesiones leves, pero aumentan de forma sustancial las agresiones sin lesión (de 18 casos en febrero de 2023 a 29 casos el febrero pasado).
Incluso, se indica que con las medidas aplicadas a lo largo del año 2023 se ha conseguido detener un crecimiento de incidentes. Según los datos de Justicia, el personal agredido aumenta un 24% de 2020 a 2021; un 53% de 2021 a 2022, y baja hasta un 7% de 2022 a 2023. Habrá que ver si las cifras a la baja se mantienen.
En la foto principal, dos trabajadoras de prisiones, escuchan la intervención de la consellera Ubasart, en la protesta ante el Parlament. / Foto: Carlos Baglietto