Este miércoles, después de comer juntos durante una hora en La Moncloa, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han quedado en que estaban de acuerdo en todo aquello en que ya estaban de acuerdo. También se han prometido que volverán a encontrarse para "trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles", según el comunicado oficial del encuentro.

La aproximación entre el Gobierno y la oposición, sin embargo, no se ha gestado comiendo ni ha sido mera cortesía. Se ha producido antes y tiene que ver con la cuestión catalana, donde parece que ninguno de los dos coincidía, partidario como era el PSOE de reformar la constitución y el PP todo el contrario.

El presidente del Gobierno nunca se ha movido. En estos dos días después de convocar elecciones ha dicho cosas como "de ninguna manera [los independentistas] conseguirán lo que pretenden", "haré todo lo que pueda para que la unidad de España perdure por los siglos" o "diálogo, siempre; respeto a la ley y a las instituciones, también". La reforma de la Constitución no aparecerá en el programa electoral para las elecciones del 20D: "no es una prioridad". Lo de siempre. Todos quietos.

Adiós 'Declaración de Granada'

Esta quietud mineral, de alguna manera, ha afectado al PSOE. Aparentemente, su secretario general se ha presentado en La Moncloa después de presentar su mejor carta para las elecciones del 20D: una reforma de la Constitución "en sentido federalizante". Ha sido un acto muy breve, mucho (menos de 40 minutos) para una propuesta de tanto calado. Sánchez ha leído diez folios a toda velocidad y se le ha visto como aguaba lo que hasta ahora era el nervio programático socialista: la "Declaración de Granada" (pdf versión larga; pdf versión corta), de junio del 2013, en la que el PSOE oficializó y detalló su proyecto de reforma constitucional, esta sí, "en sentido federalizante".

Granada fue fruto de una reflexión de nueve meses propulsada, sobre todo, por el PSC. El secretario general socialista era entonces Alfredo Pérez Rubalcaba. La redacción final exigió las 48 horas de un fin de semana largo y unos debates a veces tensos. Es, ciertamente, la base de la nueva propuesta. Pero mientras que en Granada la cuestión catalana era la apertura y el eje de los que colgaban las propuestas sociales de los últimos capítulos del documento, en la nueva versión es al revés: la reforma territorial cierra la propuesta, como desligada del resto del texto, escrito en un tono más flojo. A cambio, se amplía todo el apartado social, que es ahora el nervio del nuevo documento.

Para no pelearse

Se ve desde el arranque. La declaración del 2013 habla de "la tentación centralista" y de aquéllos "que siempre han visto con recelo el estado autonómico" o de que "el [proyecto] de recentralizar España (...) sería un desastre que desataría de nuevo todas las tensiones territoriales..." entre otras alusiones negativas a la actitud del PP, al que no se menciona directamente. Nada de todo eso, ni en el lenguaje ni en el tono, aparece en la propuesta que ha leído Sánchez. Las palabras "recentralización" o "centralismo" no salen ni una sola vez. Es un documento que no le toca la cara a Mariano Rajoy ni al PP como el otro. Es un documento para no pelearse.

La nueva propuesta incorpora también un preámbulo propio a las propuestas sobre el "nuevo pacto territorial". Arranca así: "El Estado Autonómico fundado ineludiblemente en la unidad del sujeto constituyente, el pueblo español, en el que reside la soberanía..." concepto inexistente en la Declaración de Granada. También omite la expresión "hecho diferencial", sustituido por el concepto "singularidades".

Primero, el Estado

En Granada el núcleo eran, justamente, las comunidades autónomas. En la nueva propuesta lo es el Estado. Mientras que en Granada las competencias y recursos de las autonomías definían el perímetro del Estado ("concretar esa definición del tipo de competencias exclusivas del Estado teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos de segunda generación"), la nueva propuesta da preferencia al orden inverso: primero hay que definir las competencias "horizontales" del Estado en todo lo que son "condiciones básicas de vida" de los ciudadanos y después ya vendrá el nivel autonómico. Cómo debe entenderse el término "básico" no se dice pero quizás sirva de referència todo lo que se podó del Estatut del 2006, en el que el president Maragall pretendía precisamente blindar las competencias de la Generalitat definiéndolas muy bien.

La propuesta de reforma actual habla también de realidades legales ya existentes, como la cooficialidad de las lenguas ("establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso..").

Restricciones

En la misma línea, las reformas sobre la financiación incorporan cláusulas más restrictivas para las autonomías por la vía de acentuar la solidaridad interterritorial como "reconocimiento de nivel similares de servicios públicos" o "tipos impositivos efectivos iguales" a todas ellas. También se han mitigado las propuestas de Granada referentes a la descentralización judicial, por ejemplo.

Donde el cónclave de Granada dedicó 24 páginas, la propuesta de Madrid lo resuelve en dos. La profundidad de una reforma constitucional no se vende al peso, pero tanta diferencia de espacio quizás no es tan banal.

Flota al final de este miércoles el veredicto de aquel gran periodista andaluz, Manuel Chaves Nogales, que en los años 30 escribió que "el separatismo catalán es una rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo". La frase acaba así: "y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras”.