Compromís ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la tramitación de una proposición de ley que registró en julio para incrementar la transparencia de la Casa del Rey. Compromís pide que la Cámara Baja pueda fiscalizar las cuentas de Zarzuela y que tanto el Rey como los miembros de la familia real tengan que hacer una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.
La coalición valenciana decidió presentar esta proposición de ley después del "escándalo" que en su opinión supusieron las revelaciones de Corinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran "presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales" del rey emérito Juan Carlos I.
La Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, vetó su tramitación acogiéndose a su doctrina tradicional que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del Rey y reconoce la autonomía del Monarca para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario. Compromís recurrió y, al mantenerse en su postura el órgano de gobierno de la Cámara, ahora el tema se eleva al TC.
El recurso de amparo ha sido presentado en la sede del Constitucional por los cuatro diputados de Compromís, adscritos al Grupo Mixto del Congreso: Joan Baldoví, Ignasi Candela, Marta Sorlí y Enric Bataller, quien ha remarcado ante de los periodistas que la Mesa del Congreso no puede interferir en la capacidad de los diputados para presentar iniciativas.
La proposición de ley de Compromís plantea desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey "distribuye libremente" la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para "el mantenimiento de su familia y casa".
Este artículo se esgrime habitualmente para defender que las cuentas de la Casa Real no pueden ser fiscalizadas, pero a Compromiso refutan esta tesis alegando que, aunque el Rey distribuye esta cuantía total como considere, eso no implica que este reparto no pueda ser objeto de análisis por parte del Congreso. Y, partiendo de esta base, su ley abre la puerta a esta fiscalización parlamentaria.