El aniversario del 1-O es siempre una fecha importante para el independentismo, pero también para la mayoría del unionismo, que no duda en cargar contra aquella jornada histórica y negar que fuera un referéndum. Pero hay un espacio que se encuentra bastante incómodo en este día y siempre intenta pasar con la máxima discreción. Hablamos de los comuns.
Este año no ha sido una excepción. Con un independentismo dividido y enfrentado sobre cuál es la estrategia a seguir y sobre la utilidad que tiene la mesa de diálogo con el Estado, los comuns han vuelto a marcar un perfil bajo.
El único en pronunciarse ha sido el líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que en un tuit ha denunciado que "las cargas policiales del 1-O son todavía hoy una herida abierta". "Cuatro años después seguimos exigiendo justicia y reparación para las personas agredidas que salieron a la calle a ejercer sus derechos", ha añadido.
El otro común implicado en el 1-O ha sido el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que ha asistido en nombre de la formación al acto que ha celebrado Òmnium Cultural delante de la Escuela Ramon Llull de Barcelona, donde cuatro años atrás hubo fuertes cargas policiales.
Ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ni los portavoces Susanna Segovia y David Cid, ni el resto de sus diputados en la Cámara catalana han dicho nada al respecto.
El 1-O, "una movilización popular"
Y es que los comuns, a pesar de criticar siempre las cargas policiales del 1-O, nunca han considerado aquel acto un referéndum, sino una "movilización popular". Y aunque desde el estallido del procés han defendido la celebración de un referéndum acordado, ahora esta propuesta ya no forma parte del paquete de medidas que Unidas Podemos ha llevado a la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado.
Según explicó la misma Albiach en una conferencia con motivo de la Diada, las propuestas de los comuns para resolver el conflicto pasan por el fin de la desjudicialización del conflicto, el "reconocimiento de Catalunya como nación, la mejora del autogobierno y el blindaje y crecimiento del marco competencial, un nuevo sistema de financiación que permita a la Generalitat tener "plena capacidad de decisión sobre los tributos" y que el acuerdo que salga de la negociación con el Estado sea sometido a referéndum.
Conscientes de las reticencias de la mayoría del independentismo (Junts y CUP) con la mesa de diálogo que quieren apuntalar, los comuns son plenamente conscientes que el 1-O estorba más que otra cosa en la defensa de su causa, ya que es la demostración de que el Gobierno -del cual forman parte- sigue sin reconocer ni la represión ni el derecho de Catalunya a autodeterminarse; las dos principales demandas de la mayoría de la sociedad catalana.
Imagen principal: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, en un acto de partido celebrado el pasado mes de febrero / Foto: ACN