La concejala de la CUP Laia Estrada ha plantado a la justicia no entrando a declarar este jueves a los juzgados de Tarragona, donde había sido citada para comparecer como investigada por haber participado en varias protestas el 21 de diciembre de 2018 en su ciudad con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.
Estrada ha explicado que "el hecho de no colaborar con esta justicia forma parte de una estrategia política de los cargos electos de la CUP y la izquierda independentista". La concejala ha recordado que toda la causa está construida a partir de unos atestados de los Mossos "que no se ajustan a la realidad de los hechos y que son fantasiosos". "El hecho de decidir no entrar es una forma de denunciar que no sólo estamos ante un despropósito, sino que es un ataque contra nuestro derecho a manifestarnos. Tenemos una responsabilidad como electos", ha reivindicado.
����@EstradaLaia "#SonTresMil las personas represaliadas en lo que es una operación de estado que cuenta con la complicidad de la Generalitat del gobierno de ERC y JxCat y de los Mossos d'Esquadra"#ProuRepressió pic.twitter.com/KP58ghq40i
— CUP Tarragona (@CUPTarragona) December 3, 2020
La concejala anticapitalista ha recordado que la protesta por la cual está investigada "consistió en andar muchos kilómetros" y que, no obstante, está investigada por "desórdenes públicos". Así pues, ha enmarcado esta causa en otras que últimamente ha condenado a activistas independentistas, como es el caso del joven de Vilafranca del Penedès Adrian Sas, que ha sido sentenciado a tres años y medio de prisión por haber participado en la manifestación del primer aniversario del 1-O. También ha mencionado las sentencias contra Francisco Garrobo (miembro del secretariado general de la CUP), Moisés Fernández y el rapero Pablo Hasél.
Estrada ha denunciado una "macrocausa represiva del Estado contra el independentismo que, desgraciadamente, cuenta con la complicidad de la Generalitat de Catalunya gracias al Govern de JxCat y ERC". De hecho, la sentencia de prisión de Sas vino provocada por la acusación particular de la Generalitat.
Objetivo: archivamiento de la causa
Los otros citados este jueves sí que han accedido a comparecer al juzgado, donde han recibido el apoyo de medio centenar de personas. El resto ya comparecieron hace unos días –entre ellos un chico que en el 2018 era menor de edad.
Decenas de personas apoyan a los investigados / Foto: ACN
Según ha reafirmado Carles Perdiguero, abogado de Alerta Solidària, el caso se abrió a raíz de atestados de los Mossos d'Esquadra por las protestas que se hicieron el 21 de diciembre de 2018 en la ciudad. En algunos casos, ha dicho, las investigaciones "apuntan a hechos abstractos" donde a algunos se les acusa de liderar una manifestación y a otros de participar sin concretar ningún hecho delictivo. "Unos atestados que suscitan que manifestarse acaba siendo casi un deporte de riesgo", ha manifestado. El abogado ha adelantado que a medida que avance la instrucción pedirán el archivamiento de la causa porque no ven indicios de delito.
La protesta
El 21 de diciembre de 2018 una manifestación recorrió el centro de Tarragona de manera improvisada pasando por la subdelegación -donde se tiraron huevos de pintura en la fachada-, por los juzgados y por la comisaría de la policía española. La protesta pasó por el acceso de la T-11 y bloqueó el acceso al puerto por la autovía A-27 durante una hora. La acción acabó en la Imperial Tàrraco. A las siete de la tarde se hizo una manifestación unitaria con el apoyo de los CDR, entidades y partidos independentistas.