La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de prisión a Pompeyo González, el hombre que en 2022 envió seis cartas explosivas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid; y los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y la empresa de armamento Instalata de Zaragoza, centros relacionados con la fabricación y envío de material armamentístico en Kyiv. González, de 78 años, ha sido condenado a 10 años de prisión por un delito de terrorismo y a 8 años por un delito de fabricación, tenencia, colocación y uso de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. Los jueces han considerado que el acusado actuó "con el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española que ejerciera presión para que los gobiernos de España y los Estados Unidos y otras entidades radicadas en territorio español dejaran de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este estado con Rusia".

Los magistrados consideran probada la autoría de González, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria, aunque negó los hechos en el juicio oral. La sentencia afirma que en el segundo semestre del 2022, confeccionó seis artefactos explosivos introduciéndolos en cajas de madera cuya apertura provocaba la detonación. Una vez montados, los remitió por vía postal dentro de sobras de cartón. Los magistrados constatan que la cantidad de explosivo era suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la proximidad y los posibles órganos afectados, que podía incluir los ojos, y por este motivo creen que la acción de González se ajusta al delito de terrorismo, ya que buscaba "que los destinatarios resultaran heridos". Cabe recordar que todos los artefactos explosivos fueron desactivados o detonados de manera controlada una vez detectados por los servicios de seguridad, a excepción del destinado a la embajada de Ucrania, que fue abierto por un empleado que resultó herido en el brazo al estallar el dispositivo, y al cual González tendrá que indemnizar con 1.500 euros.

La sala señala que el acusado adquirió a través de Internet sobres y etiquetas iguales a los de las cartas y que en su domicilio, había herramientas y componentes "apropiados" para la fabricación de los explosivos, y además, en una de estas herramientas se encontraron restos de una sustancia con la misma composición que la de los explosivos de las embajadas. Por otra parte, apuntan que ha quedado acreditado que el acusado se desprendió, durante las vigilancias a que fue sometido los días previos a su detención, de fragmentos de tornillos, brocas, tubos metálicos y clavos, así como de gran cantidad de cerillas, utilizadas para la fabricación de las cargas explosivas de tres de los artefactos. Por otra parte, a partir del análisis de sus dispositivos electrónicos se descubrió que González había consultado las direcciones de la Moncloa y el Ministerio de Defensa, había buscado información sobre explosivos y había seguido la información relativa al envío de los paquetes. También se había interesado por abogados penalistas, la posibilidad de entrar en la prisión con edad avanzada y los requisitos para entrar en Rusia como extranjero.