Un juez ha condenado apenas de hasta dos años de prisión el exalcalde de Torredembarra (Tarragonès) Daniel Masagué, el exconcejal Pere Font y un excargo local de CDC, en una de las tramas de corrupción que dieron pie a la investigación del 3% sobre presunto pago de comisiones a la extinta formación.

En una sentencia, en la cual ha tenido acceso Efe, el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona condena Masagué, Font y Gerard Montserrat, que fue presidente de CDC en la población, por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, a raíz de la adjudicación a dedo de unos chiringuitos de playa por "amiguismo político", dada la pertenencia de los tres en la formación política.

Se trata de la primera sentencia sobre las tramas de presunta corrupción política con epicentro en el ayuntamiento de Torredembarra que destaparon el caso 3% de supuesta financiación irregular de CDC, una causa que ahora instruye a la Audiencia Nacional y en que se investiga a cargos y tesoreros de la extinta formación y a varios empresarios por el pago de comisiones ilícitas al partido a cambio de la adjudicación de obras y servicios.

Concretamente, la sentencia, que no es firme, condena al exalcalde de CDC a dos años de prisión y 17 de inhabilitación, a Gerard Montserrat a dos años de prisión y a nueve y medio de inhabilitación, y a Font a un año y seis meses de prisión y 15 de inhabilitación, y los obliga a indemnizar al Ayuntamiento de Torredembarra con 30.212 euros.

Adjudicación a dedo de chiringuitos

Según da por probado la sentencia, los tres condenados se concertaron en el 2011 para adjudicar a dedo 3 chiringuitos de verano de las playas de Torredembarra en la empresa del dirigente local de CDC, que había perdido la concesión porque, en anteriores temporadas, no los retiró en el plazo establecido ni pagó canon de empleo.

De esta manera, Montserrat resultó beneficiado con el arrendamiento y posterior compra de tres chiringuitos de playa del municipio de venta de comida y bebidas, "con menosprecio total a las normas administrativas y legales de contratación pública, evitando así la concurrencia, licitación o intervención de terceros", añade el juez.

Para dar apariencia de legalidad al expediente, mantiene la sentencia, en el 2011 se incoó un expediente de adjudicación, por procedimiento negociado y sin publicidad, y se ofreció concursar en lo mismo a tres empresas diferentes, todas ellas vinculadas a la propia Montserrat. Así, el exdirigente local de CDC se hizo en el 2012 con la adjudicación de los chiringuitos, sin "ningún tipo de negociación sobre los aspectos técnicos o económicos del contrato", de manera que el ayuntamiento "se vio privado considerar otras ofertas más beneficiosas" y de conseguir un precio "más ventajoso" por el arrendamiento.

La sentencia añade que en el 2013, cuando Montserrat ya se había convertido en presidente de CDC en Torredembarra, este y Masagué continuaron su "concierto" e incoaron un expediente para vender los chiringuitos a las empresas controladas por el dirigente convergente, aunque esta operación se vio interrumpida "abruptamente" por la entrada y registro en el consistorio en el caso del 3%. Según la opinión del juez, no hay "otra explicación razonable" a la conducta de los acusados que "el amiguismo político", dada la pertenencia de todos ellos a CDC.

El juez se remite a las conversaciones telefónicas intervenidas en la causa -escuchas que dieron munición a la investigación del 3%- y sostiene que, por su contexto, queda "claramente avalada esta intencionalidad de beneficiar al compañero de partido por puro clientelismo político y, en definitiva, por espurios intereses particulares contrapuestos al general".

Recuerda la sentencia que Montserrat dirigía desde el 2013 la junta gestora de CDC en Torredembarra y que era conocida "esta militancia política y su proximidad al alcalde", lo que llevó a una concejala del PSC a pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre la adjudicación de los chiringuitos.