Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, el mapa del estado español quedó teñido de azul: el PP pasaba a gobernar ocho de las doce comunidades que fueron a las urnas, cosa que le permitiría erigir sus gobierno autonómicos en uno de los principales arietes para hacer frente a Pedro Sánchez. En esa lejana y dulce noche electoral del 28 de mayo en la calle Génova, nadie imaginaba que el presidente español daría un golpe de efecto y al día siguiente convocaría elecciones generales para el 23 de julio. Y menos sospechaban que la nueva legisaltura tomaría el rumbo que ha terminado teniendo. Pero las cartas del PP no han cambiado. Con un Gobierno sustentando por los partidos independentistas, habiendo concedido una amnistía y habiéndose abierto a una nueva financiación para Catalunya, el poder autonómico del PP tiene más voz que nunca. Y en Génova quieren aprovecharlo para poner palos en las ruedas a todo lo que haga Sánchez. En las últimas semanas, la reivindicación que resuena con mayor eco es la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Sobre la mesa, dos principales polos de actuación: la crisis migratoria y la financiación. Y un único objetivo: sentar a Pedro Sánchez ante los trece presidentes autonómicos del PP. Porque la oposición no se hace sólo desde el Congreso de los Diputados.
Una de las condiciones del PP para abordar la crisis migratoria
La petición más insistente en las últimas semanas ha sido a raíz de la crisis migratoria derivada de la llegada de menores en las Islas Canarias. En julio, el PP votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas fuera obligatoria. La negativa del PP, sumada a la de Junts y la de Vox, hizo descarrilar la iniciativa, pactada entre los gobiernos español y canario. Desde el primer día, una de las reivindicaciones del PP para avalar la modificación legislativa ha sido que Pedro Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión. “¿Va a convocar una Conferencia de Presidentes urgente?”, le preguntó Alberto Núñez Feijóo el 17 de julio en el Congreso de los Diputados.
Y durante el mes de agosto, esta ha sido una de las ideas más repetidas desde Génova. El jueves de la semana pasada, Cuca Gamarra reclamó a Sánchez que “asumiera su responsabilidad” y la “necesidad de una política migratoria de estado”, que tiene que pasar “indiscutiblemente por la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes”. “Los problemas de estado los tenemos que enfrentar todos y la solidaridad la tenemos que abordar desde los instrumentos que existen para dar respuestas de estado a los problemas de estado y que él se niega a convocar”, arguyó la secretaria general del PP.
Previamente, Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, había exigido a Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de “forma inmediata” para hacer frente a una “cuestión de Estado” y a un “desafío como país” y lamentó que el presidente español no se abriera a ello, a pesar de que “siempre tiene tiempo para acceder a todas las peticiones de sus socios independentisas”.
La cumbre de los barones del PP contra la “independencia fiscal”
El otro foco de batalla de los barones del PP contra Pedro Sánchez es la nueva financiación de Catalunya pactada entre ERC y el PSC. Más allá de las dudas sobre su materialización y el intercambio de declaraciones entre los republicanos y el Gobierno, el PP mostró desde el primer momento su férrea oposición a este acuerdo. A mediados de agosto, Alberto Núñez Feijóo anunció que en septiembre convocaría a todos los presidentes autonómicos para “defender la igualdad de todos los españoles” y porque España está ante una “urgencia nacional” y un “desafío histórico” y al “borde” de que los españoles “no tengan los mismos derechos en educación y sanidad”. La cita será el próximo viernes, 6 de septiembre, en Madrid. Para ir calentando motores, los barones populares han firmado esta semana un manifiesto “unitario” contra la “independencia fiscal” de Catalunya. En su comunicado, presentaban el acuerdo como un “intento ilegítimo de modificar la Constitución y el modelo de Estado por la puerta de atrás” y “al dictado de quienes nunca han aceptado la igualdad y la solidaridad de los españoles”.
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En paralelo a esto, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha considerado esta semana que es “lógico”, “imprescindible”, “inaplazable” y “beneficioso” que se reúna la Conferencia de Presidentes porque Sánchez debe “explicar cosas” a los ejecutivos autonómicos. “Así no se puede seguir, las cosas hay que hacerlas de otra manera”, ha afirmado, y ha considerado que frenar la materialización de la nueva financiación para Catalunya debe “trascender colores políticos”.
Ahora bien, antes de conocerse el acuerdo entre el PSC y ERC, el PP ya apostaba por la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para hablar de la financiación autonómica. El 22 de junio, Elías Bendodo lo reclamó para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica basado en los “principios de solidaridad, igualdad y equidad” para superar el modelo actual. “El nuevo modelo de financiación no puede ser que vaya al dictado de Puigdemont y de los independentistas para que Sánchez siga comprando su asiento en el sillón de la Moncloa”, esgrimió. Y en abril, el PP se había sumado a la demanda de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de convocar la Conferencia para debatir los próximos ajustes presupuestarios.
Dos peticiones formales del PP
La convocatoria de Alberto Núñez Feijóo con sus barones del próximo viernes llega después de dos intentos del PP de reunir los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que no han sido atendidos. En los últimos meses, los populares han remitido dos peticiones conjuntas y formales para que se reúna la Conferencia de Presidentes alegando que el artículo 4 de su Reglamento prevé que se convoque “a petición de diez presidentes” de comunidades y ciudades autónomas. El PP gobierna en trece de ellas. De momento, la Moncloa no lo ha materializado.
La primera exigencia llegó en noviembre de 2023, pocos días después de la investidura de Pedro Sánchez gracias, entre otros, a los pactos del PSOE con Junts y ERC y el compromiso de impulsar la ley de amnistía. En aquel momento, Cuca Gamarra sostuvo que “España no se decide en una reunión a puerta cerrada en Bruselas”, en referencia a las negociaciones entre Santos Cerdán (número tres de los socialistas) y Carles Puigdemont. “Lo que es de todos se decide entre todos”, afirmó la secretaria general del PP. Lo que pedían los populares era que Sánchez informara sobre “el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial”. Los líderes territoriales del PP consideraron que convocar la Conferencia de Presidentes era “imprescindible y urgente” ante la “enorme preocupación social” que habían generado los pactos entre el PSOE y el independentismo.
Cinco meses más tarde, en abril de 2024, todos los dirigentes territoriales del PP enviaron una carta a Sánchez recordándole la obligatoriedad de convocar la Conferencia ante la solicitud de más de diez presidentes autonómicos y lo acusaron de “bloqueo”. Los líderes populares querían poner encima de la mesa el “fortalecimiento del Estado de derecho”, la “igualdad entre los ciudadanos”, la “separación de poderes” o la “seguridad jurídica”, elementos que, a su parecer, estaban “comprometidos como consecuencia de la ley de amnistía”. Asimismo, lamentaron que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la no actualización del sistema de financiación autonómica podían perjudicar a las comunidades autónomas.
El plan de la Moncloa: una Conferencia de Presidentes en Cantabria sobre vivienda
Desde hace semanas, el Gobierno hace orejas sordas a las demandas del PP. Sin embargo, a finales de julio, en su penúltima intervención pública antes de las vacaciones, Pedro Sánchez anunció su voluntad de convocar una Conferencia de Presidentes después de verano, sin especificar la fecha, con la vivienda como tema prioritario. “El principal trabajo serán las políticas de vivienda que tenemos que desplegar todas las administraciones, singularmente las comunidades autónomas”, comentó el presidente español después de reunirse con Felipe VI. La conferencia se celebrará en Santander. Sobre el calendario, Sánchez adelantó que en el mes de septiembre empezaría a “echar a andar la preparación”, una tesis que compartió la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el pasado martes en rueda de prensa, cuando insistió que durante el mes de septiembre empezarían a “trabajar y a abordar los distintos temas”.
En una intervención desde Palma, Pedro Sánchez se defendió de las críticas del PP esgrimiendo que en el último año se han celebrado elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023 y generales el 23 de julio, hubo las negociaciones que culminaron con su investidura y también se ha ido a votar en las elecciones autonómicas de Galicia en febrero, del País Vasco en abril y de Catalunya en mayo, sin olvidar las elecciones europeas de junio. “No es un problema de falta de voluntad política, es una cuestión de que se necesitaban conformar los gobiernos autonómicos para poder celebrar la conferencia de presidentes”, apuntó. “Ahora, sin elecciones a la vista, nos ponemos a trabajar”, remachó esta semana Pilar Alegría.
26 Conferencias de Presidentes: cuatro con Zapatero, dos con Rajoy y veinte con Sánchez (diecisiete telemáticas)
“Me sorprende mucho que el PP solicite una Conferencia de Presidentes: bienvenido al club. No ha habido ningún presidente de la historia de la democracia de nuestro país que haya convocado tantas Conferencias de Presidentes como yo”. Es el argumento que sostuvo Pedro Sánchez desde Palma. En la misma idea insistió Pilar Alegría el martes después del Consejo de Ministros. Es un dato correcto, pero engañoso.
Desde que es presidente, Pedro Sánchez ha convocado veinte Conferencias de Presidentes. Sin embargo, diecisiete de ellas fueron telemáticas y a raíz de la pandemia de coronavirus. De hecho, la primera que se celebró fue ya en pleno confinamiento, el 15 de marzo de 2020. Por lo tanto, en el primer año y medio en la Moncloa, entre junio de 2018 y marzo de 2020, el presidente español no citó a las comunidades autónomas en ninguna ocasión. A partir de la llegada del Covid-19, el presidente español y los presidentes autonómicos se reunieron cada semana (un total de catorce veces). Los tres encuentros presenciales que convocó Sánchez fueron en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en julio de 2020, en Salamanca en julio de 2021 y en Los Llanos de Aridane (La Palma) en marzo de 2022. Además, se celebraron otras tres telemáticas en septiembre y octubre de 2020 y en diciembre de 2021.
Isabel Díaz Ayuso lleva a Pedro Sánchez al Tribunal Supremo
La voz del PP más contundente ha sido, como de costumbre, la de Isabel Díaz Ayuso. Y es que el gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso a finales de julio un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo para denunciar la “inactividad” de Pedro Sánchez por no haber convocado a la Conferencia de Presidentes. El ejecutivo madrileño argüía que el presidente del gobierno español incumplía sus “obligaciones legales” y desatendía los requerimientos que se le habían formulado. El gobierno regional argüía que era “absolutamente imprescindible” que este órgano de cooperación entre el gobierno español y las comunidades autónomas retomara su actividad y se reuniera regularmente. El gobierno de Ayuso denunciaba que desde marzo de 2022 la Conferencia de Presidentes debería haberse convocado en al menos cinco ocasiones. La semana pasada, el Gobierno de Murcia, presidido por Fernando López Miras, hizo el mismo paso.
Page pidió hace meses una Conferencia de Presidentes para evitar que el Estado legisle para que “paguen los demás”
Quien también abogó por una Conferencia de Presidentes, aunque sin llegar tan lejos, fue el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez: Emiliano García-Page. En diciembre del año pasado, el presidente de Castilla-La Mancha, mostró su intención de reclamar una Conferencia de Presidentes para que los líderes autonómicos blindaran un frente común para evitar que el Gobierno elabore leyes que impliquen más gasto a las arcas autonómicas. La demanda de Page llegaba después de que los rectores españoles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas estimaran que la nueva Ley de Universidades implicaría un aumento de gasto de 844 millones de euros. “Es muy irresponsable que en España se legisle para que paguen los demás”, denunció el presidente castellanomanchego.