Segunda vez que la Mesa del Congreso de los Diputados analiza la ley de amnistía para los presos, exiliados y represaliados independentistas. Y segundo portazo de órgano de gobierno de la cámara baja. Este martes, la Mesa ha certificado su veto a la iniciativa, que ni siquiera es admitida a trámite y menos aún debatida por los diputados. Una vez más, el PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox han vuelto a unir sus votos para tumbar la petición de reconsideración que habían registrado los partidos independentistas. Los miembros de Unidas Podemos han vuelto a quedarse solos. Ahora sólo queda la vía del derecho de petición, que tampoco parece que tenga que prosperar.
Los primeros en lamentar la decisión han sido los partidos independentistas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lamentado cómo la Mesa del Congreso se ha convertido en un "Tribunal Constitucional bis", y ha avisado de que ahora los vetados son los independentistas, pero que en un futuro no tan lejano lo podrá ser la izquierda española, como se ha visto en otros casos. Desde Junts per Catalunya, su portavoz, Míriam Nogueras, ha constatado que "la dinámica del Congreso es que no se puede debatir, ni se puede admitir a trámite". Frente a eso, Nogueras ha dicho que el siguiente paso es "formar un gobierno independentista fuerte", mezclándolo con las negociaciones enfangadas de investidura. La CUP se ha mostrado partidaria de intentarlo por la vía del derecho de petición.
El informe de los letrados, contrario a la tramitación, allanó el camino a los socialistas para oponerse. Los servicios jurídicos argumentaban que "de un examen preliminar, se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". El artículo 62.1 de la Constitución española establece que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Es lo mismo que argumentó el PSOE para rechazar la iniciativa antes incluso de que se registrara en el Congreso, que "no tiene cabida en la Constitución".
Inspirada en la del 77
La ley de amnistía registrada por el independentismo tomaba como referencia a la española del 77, pero también otras europeas, como la de Francia en el proceso de descolonización de Argelia. El primer artículo dejaba claro el alcance: "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley". Y delimitaba: "Se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". Ponían el foco tanto en la consulta del 9-N del 2014 como en el referéndum del 1-O del 2017.