Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 1950), ministro de Hacienda en los gobiernos del PP de José María Aznar (2000-2004) y de Mariano Rajoy (2011-2018), comparece este lunes en la comisión de investigación de la operación Catalunya, en el Congreso de los Diputados. Montoro es recordado para ser un lenguaraz. Sobre todo en las intervenciones en el Congreso con sus insinuaciones que había políticos, actores y otros colectivos que no pagaban impuestos, haciendo evidente que tenía información privilegiada de forma irregular. En sta comisión de investigación se le preguntará que responda sin ambages si el ministerio que dirigía participó en la guerra sucia contra políticos y empresarios catalanes que defienden la independencia del país.
Hay testigos y documentación que evidencia que se usaron organismos oficiales, especialmente la autoridad antiblanqueo española, el Sepblac, para hacer consultas sobre políticos catalanes a organismos extranjeros sin el control de ninguna autorización judicial. E incluso, se engañó a unidades antiblaqueo de otros países, como es el caso Liechtenstein con el entonces presidente Artur Mas, de supuestos delitos inexistentes. Y es que además de hacer investigaciones ilegales y prospectivas, la policía patriótica del PP difundía a medios de comunicación españoles información falsa, como que Mas y el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias tenían cuentas bancarias en el extranjero.
Conseller de Hacienda e inspecciones
Los grupos parlamentarios catalanes, especialmente Junts y ERC, seguro que tienen una buena batería de preguntas para el exministro de Hacienda, que también fue conseller de Economía y Hacienda de Catalunya durante ocho meses, del 27 de octubre de 2017 al 2 de junio de 2018, cuando la Generalitat fue intervenida por el Gobierno con la aplicación del artículo 155, y donde Soraya Sáenz de Santamaría -que también será citada a declarar a la comisión del Congreso- era la presidenta, en sustitución del president Carles Puigdemont, que se marchó al exilio.
De los tentáculos de Hacienda ya habló el empresario Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona del 2010 en el 2014, en la comisión de la operación Catalunya del Congreso. Denunció que responsables del Gobierno usaban "las inspecciones fiscales como arma" contra los que consideraban rivales, y que había padecido más de 70. No se olvidó de recordar que estuvo 2 años de prisión provisional -impuestos por la magistrada Carmen Lamela, a quien criticó con dureza- por unos delitos por los cuales fue absuelto.
Antes del interrogatorio de Montoro, la mesa de la comisión tiene que resolver si reclama al Gobierno la extensa documentación pedida por el diputado de Junts Josep Pagès para aclarar la implicación de organismos de control fiscal en la operación Catalunya. Además, Pagès exige que se aporte la información que dio el comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo desde el Sepblac al FinCEN de los Estados Unidos, que provocó la intervención y cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA).
La extorsión en la BPA
Y es que aparte de las supuestas inspecciones fiscales como arma política, Montoro también será interrogado por la extorsión que sufrieron en el 2014 los entonces titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA), Ramon e Higini Cierco, junto con l'exCEO del banco Joan Pau Miquel, para que dieran información sobre si tenían cuentas de la familia Pujol Ferrusola y de políticos como Oriol Junqueras. Las gestiones policiales ilegales llevaron al conocido pantallazo de cuentas que tenían hijos del presidente Jordi Pujol, que provocó su confesión que la familia tenía dinero no declarado en Andorra, caso que se empezará a juzgar este noviembre en la Audiencia Nacional.
Y hace falta no olvidar, que meses después de la dolorosa confesión del president Pujol, el 7 y 8 de enero de 2015, el ministro Montoro acompañó el entonces presidente Mariano Rajoy a una visita oficinal y excepcional al Principado de Andorra. Es por esto y otros indicios que Montoro, junto con el expresidente Rajoy y el exministro Jorge Fernández Díaz tienen una querella en Andorra. Por ahora, los populares han usado la justicia española para no tener que declarar ante la jueza andorrana que mantiene abierto a la investigación contra ellos. La presentaron los hermanos Cierco y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), que ejerce la acusación popular con la asociación catalana Drets.
Precisamente, Alfons Clavera y Agustí Carles, abogados de las acusaciones populares de la querella andorrana de la operación Catalunya, pidieron a la batlle, el verano pasado, que volviera a presentar las comisiones rogatorias internacionales (CRI) al Gobierno para poder interrogar a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro, puesto que se le denegaron por una cuestión de forma. La jueza ya ha hecho nuevas gestiones con el gobierno de Pedro Sánchez, pero este no le responde, según fuentes del caso.