Tres meses después de las protestas de los agricultores que paralizaron Catalunya, las reivindicaciones del campo han vuelto a entrar en el Congreso de los Diputados. Lo han hecho a través de una proposición de ley que registró Esquerra Republicana en aquel momento para revertir las prácticas abusivas que sufre el campo. Este martes se ha debatido en la cámara baja y ha superado con comodidad el primer examen parlamentario. Después de que los republicanos arrancaran el compromiso de Sánchez, su propuesta se vehicula a través de cuatro ejes principales para reformar la Ley de Cadena Alimentaria. En primer lugar, prohibir que los agricultores vendan a pérdidas. En segundo lugar, sancionar las prácticas abusivas de los grandes distribuidores hacia los pequeños productores. En tercer lugar, simplificar y hacer más accesible los trámites burocráticos electrónicos. Y, finalmente, flexibilizar plazos y dotar de transparencia y establecer una fijación de indicadores en los costes de producción por parte de la administración que sirva de punto de partida a la hora de formalizar contratos justos dentro del sector. La iniciativa ha recibido 175 votos a favor (del PSOE, Sumar, Junts, Bildu, el PNV, Podemos, el BNG y CC) y 167 abstenciones (del PP, Vox y UPN) y empieza ahora su recorrido en la Carrera de San Jerónimo, en el que los grupos parlamentarios ya han anticipado que presentarán enmiendas y reclamarán modificaciones.
La encargada de defender la propuesta ha sido la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, que ha presentado su texto como una “oportunidad de oro” y una “propuesta sensata que proviene de las organizaciones agrarias” que contiene la “fórmula que el campo ha diseñado directamente” para “dar respuesta a las reivindicaciones del sector primario”. La joya de la corona del texto es prohibir la venta a pérdidas para “atacar directamente la raíz del problema”. De esta manera, añade a la definición tanto el precio de compra del producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos y establece que la reventa a pérdidas “pasará a ser considerada una infracción grave”. La voluntad es que los campesinos dejen de sufrir una situación “absolutamente injustificada, insostenible e injusta”, según ha esgrimido Jordà.
La diputada de ERC también ha subrayado que la norma quiere “dar a las cooperativas y a las entidades asociativas la cuota de poder que merecen” y “garantizar que los costes de todos y cada uno de los pequeños productores se vean reflejados a los precios que ofrecen estas entidades”. También tiene el objetivo de actuar contra los que “realicen prácticas consideradas absolutamente abusivas” con el espíritu de “ser firmes con los que abusan del poder” y “no permitir que la voluntad de las grandes empresas agroalimentarias y de los grandes supermercados sea la que marque las reglas del juego”. Además, entre las medidas que contempla, también aboga por “eliminar la obligación de inmediatez del registro de contratos alimentarios”. Jordà ha defendido todo eso “en nombre de un sector harto de las políticas continuista y un sector asfixiado por la cobardía, a veces, de un Gobierno que no lucha por sus reivindicaciones y no para los pies a quien abusa de su poder”.
Para Teresa Jordà, los problemas se remontan a la Ley de la Cadena Alimenticia que se aprobó en 2021, a la que ERC votó en contra: “Las limitaciones de aquella ley evidenciaron la falta de valentía del Ministerio de Agricultura y la supeditación a los intereses de la gran industria y distribución”, ha lamentado la diputada republicana.
Los aliados parlamentarios destacan la “oportunidad” abierta por ERC
Durante su turno de intervención, Isidre Gavín, diputado de Junts, se ha alineado en buena parte de las reivindicaciones expresadas por la diputada republicana. Gavín ha destacado que lo que falta es “tomar las decisiones que toca tomar por parte de todas las administraciones” y ha apuntado, por ejemplo, en la dirección de una “reducción drástica de la burocracia y la simplificación de trámites”, conseguir que “campesinos y ganaderos cobren precio justos por su trabajo” y “mejorar las condiciones de incorporación de jóvenes”. El diputado juntaire ha enviado un mensaje al PSOE y a Sumar, esperando que “se crean de verdad que hay que hacer las cosas diferentes” habiendo visto que la Ley de Cadena Alimenticia “no ha dado el resultado deseado”. “Las propuestas que hace el texto las compartimos mayoritariamente, pero propondremos mejoras”, ha añadido.
Durante el debate, si ha habido una palabra que se ha repetido ha sido “oportunidad”. Para el PNV, es una “nueva oportunidad para que pueda cambiarse lo que no ha funcionado”. “Vemos positivas las propuestas, dado que están orientadas a la protección del primer eslabón de la cadena alimenticia”, ha sostenido Joseba Agirretxea. Es una “propuesta oportuna” que hace falta “aprovechar” para mejorar la ley y darle un “nuevo impulso” después de su “aplicación insuficiente” y viendo las demandas que repite el sector “insistentemente”, ha considerado Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de Bildu.
Por parte del PSOE, Amador Marcara ha acogido el debate, “bienvenido sea”, y se ha sumado a las voces que piden que el sector “necesita el refuerzo y la aplicación efectiva de una ley” que tiene que “garantizar precios justos”. “Se nos abre” una “magnífica oportunidad” para “poner fin a la insostenible situación que tienen los agricultores y ganaderos, que están al inicio de la cadena alimenticia y que son la esencia de la economía local”, ha remachado Àgueda Micó, portavoz de Compromís.