El Congreso de los Diputados vuelve a cerrar el paso a la extrema derecha. La cámara baja ha rechazado, de nuevo con una abrumadora mayoría, la enmienda a la totalidad de Vox contra la iniciativa legislativa popular por una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. La iniciativa original, impulsada por el movimiento Regularización Ya, fue tomada en consideración hace dos meses con 310 votos a favor y la única oposición del partido de Santiago Abascal. Hoy la votación ha tenido el mismo desenlace. El objetivo del texto, que consiguió recoger más de 700.000 firmas y el apoyo de 900 entidades, es permitir la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en el Estado. La proposición de ley da seis meses al Gobierno para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encontraban en territorio estatal antes del 1 de noviembre del 2021. A partir de aquí, los grupos parlamentarios podrán registrar enmiendas para modificar o complementar el contenido.

ERC reivindica que “no sacar adelante la ley sería permitir una forma moderna de esclavitud”

Durante el debate, Jordi Salvador, de ERC, ha lamentado que se haya tardado tres años en debatir y empezar a tramitar la ILP, “el único medio que tienen los ciudadanos” para llevar leyes al Congreso: “Es una vergüenza, una falta de respeto y un insulto a la democracia”. Salvador ha proclamado que “no sacar adelante la ley sería permitir una forma moderna de esclavitud” y ha reclamado aprobarla cuando tan pronto como sea posible por “razones democráticas con mayúsculas”. Ha esgrimido que no se puede permitir que “miles de personas vivan en condiciones de pobreza y exclusión social” y que, por culpa de faltas administrativas, estén “excluidas de la sanidad o del trabajo digno y expuestas a la explotación laboral y vulneración de derechos básicos”.

El diputado republicano también ha esgrimido “razones económicas”, dado que la regularización beneficia tanto “a los inmigrantes en situación irregular” como a “la economía y la sociedad receptora”: “Aumentarían inmediatamente las contribuciones a la seguridad social y a Hacienda e impulsaría la actividad económica legal”. Además, ha hecho valer la “contribución de los inmigrantes a la riqueza cultural y social”.

Desde el PSOE, Elisa Garrido ha destacado la necesidad de “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración y no dar alas a los discursos que siembran miedo y odio”. Ha tildado el texto de Vox de “cóctel peligroso” y de “discurso corrosivo contra la base de la democracia” con el que el partido de extrema derecha quiere “envenenar a la sociedad española de odio” y “crear alarma social”. Por su parte, Gala Pin, diputada de los comunes, integrados en Sumar, ha reclamado al PSOE el “compromiso” de aprobar la ILP por “justicia social” y por un “principio antifascista”.

El PP reclama que no se puedan acoger los migrantes que “cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de expulsión”

En nombre del PP, Sofía Acedo ha anticipado que los populares presentarán una enmienda con el objetivo que no se puedan acoger a la regularización las “personas extranjeras que cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de detención”. Acedo ha argumentado que las personas extranjeras “siempre han sido bienvenidas a España para trabajar y aportar en el tejido socioeconómico y cultural”, pero “no aquellas que tienen causas judiciales abiertas, aunque sea por delitos menos graves”. Además, ha relatado que el PP también promoverá una modificación de la directiva de residentes de larga duración con el fin de expulsar los migrantes que, “estando en una situación administrativa irregular en cualquier país de la Unión Europea sean expulsados o hayan sido condenados a pena de prisión”. Los populares también reclaman “agilizar los expedientes de retorno de los inmigrantes” y “reforzar” las fronteras. Durante su intervención, ha disparado dardos al PSOE y a Vox y ha acusado a los socialistas de utilizar la migración como un “instrumento”.

“Visibilizar la población migrante y garantizar los derechos laborales”

La exposición de motivos de la ILP argumenta que la regularización extraordinaria permitirá “visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país”, “compensar las desigualdades que presentan como punto de partida” y “garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación”. También cifra en entre 390.000 y 470.000 las personas que residen en España de forma irregular, “de las que una tercera parte serían menores de edad”, y recuerda que en la Unión Europea hubo 43 programas de regularización en diecisiete estados miembros entre 1996 y 2008.

Además, el texto denuncia que la irregularidad supone un “déficit de gobernanza pública” y una “condena” a la “explotación laboral”, la “invisibilidad ante las instituciones”, la “desprotección legal” y “la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”. Al mismo tiempo, alerta que “impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades de que son esenciales para el sostén de la sociedad” y “limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen”.