Este jueves, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a la ley que castigará penalmente todos aquellos que asedien a las mujeres que acuden a una clínica para abortar. La ley se ha aprobado con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención. Los únicos partidos que han votado en contra han sido PP, Vox y UPN. Meses después de que la mayoría de grupos parlamentarios aprobara tramitar la proposición de ley del PSOE para reformar el Código Penal, ya se ha aprobado castigar con prisión la persecución a las mujeres que acudan a las clínicas de aborto. La nueva ley ha culminado su recorrido en la Cámara Baja. Ahora, la iniciativa pasará a tramitarse en el Senado.
La diputada del PSOE, Laura Berja, ha sido la encargada de defender la iniciativa de su grupo parlamentario. Según ella, con la nueva ley que castiga la persecución a las mujeres que deciden abortar, se hará "historia parlamentaria". Además, ha cargado con dureza contra el PP por su rechazo al texto y lo ha acusado de haber elegido, una vez más, con Vox "el bando incorrecto". Berja también ha reprochado al partido de ultraderecha que señale a las mujeres que abortan en lugar de respetar su decisión. Y ha señalado que con su posicionamiento no están defendiendo la libertad religiosa, sino el acoso y los acosadores.
Desde el PP, Teresa Angulo ha defendido que la iniciativa "tiene un claro sesgo ideológico que atenta contra la tolerancia y la libertad". Para los populares, la iniciativa no pretende solucionar un problema real, sino impedir los derechos de reunión y expresión. "No quieren tipificar el acoso, sino restringir por censura previa el derecho de expresión, cosa que prohíbe la Constitución", ha asegurado Angulo. Vox ha ido un paso más allá y ha asegurado, por vía de su diputada Lourdes Méndez, que a partir de ahora "será un honor ser considerado delincuente por un Gobierno que indulta terroristas y mete en la prisión quien se dedica a salvar vidas". Ella misma ha anunciado que recurrirán la nueva ley al Tribunal Constitucional.
La Comisión de Justicia aprobó el 22 de diciembre pasado el dictamen sobre la proposición de ley con las modificaciones acordadas por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos. Concretamente, los cambios incluyen que no solo se castigará los que acosan a las mujeres que acuden a estos centros a abortar, sino que la ley también penalizará el acoso en los sanitarios y directivos de las clínicas y al personal de la sanidad pública que interviene en abortos. Además, perseguir las mujeres que deciden abortar se penará sin que haga falta una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.