El Congreso de los Diputados sigue remando para poner fin a la apología del franquismo. La Cámara Baja ha aprobado la ley impulsada por el PSOE con el objetivo de disolver las asociaciones que hacen apología del franquismo y enaltecen el golpe de Estado de 1936. La iniciativa, que ahora tendrá que tramitarse en el Senado (que tendrá dos meses para enmendarla), ha recibido luz verde con 179 votos a favor (del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV y Podemos), 34 en contra (de Vox) y 136 abstenciones (del PP). La extrema derecha ha votado en contra esgrimiendo que la norma pretende “reescribir la historia”. Y los populares han exhibido el enésimo giro de timón en esta cuestión: mostraron reticencias hace un año con la futura extinción de la Fundación Francisco Franco, votaron a favor del primer examen parlamentario de la nueva ley el pasado mes de octubre y ahora han optado por abstenerse, esgrimiendo que el PSOE no ha acogido su voluntad de hacer “más inclusiva la posibilidad de disolver asociaciones” para no enmarcarlo únicamente en el franquismo.

📝 Nuevo paso del Congreso para ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo

 

Entre otras cosas, la ley que se ha votado hoy servirá para parar los pies a la Fundación Francisco Franco si decide convertirse en una asociación para esquivar su futura ilegalización. Fue en junio cuando el Ministerio de Cultura empezó los trámites para ilegalizarla (es una fundación y, por lo tanto, no se ve afectada por esta reforma). Son dos figuras que tienen una fórmula jurídica diferente, dado que las fundaciones dependen del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Cultura y las asociaciones, no. Durante el debate, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha hecho gala de su voto en contra: ha considerado que una ley que pretende acabar con las asociaciones que hagan apología del franquismo es “arbitraria e incoherente” y un “atropello intolerable de las libertades básicas” que busca el “control del pensamiento”, la “criminalización de la disidencia”, la “imposición de un relato oficial desde el poder” y “la sumisión, el miedo y el silencio”.

El PP quería eliminar las referencias explícitas al golpe de Estado y al franquismo

“Esta norma no nos interpela a nosotros, les interpela a ustedes y a su actitud. Miran al pasado desde el presente para polarizar en el futuro”, ha reprochado el PP al PSOE desde la tribuna. “Nosotros tratamos de dialogar en ponencia y se nos dijo que el texto original no se podía enmendar con la intención de incluir toda apología de regímenes totalitarios que menospreciase a las víctimas”, ha lamentado el diputado Pedro Puy. A través de una enmienda, los populares querían eliminar las referencias concretas al golpe de Estado de 1936 y a la dictadura franquista para aludir genéricamente a los “sistemas políticos, ideologías, regímenes o gobiernos que han vulnerado o vulneren los principios democráticos, ensalzando la represión de los mismos”.

ERC y Junts apoyan la ley

Por su parte, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha respondido las dudas del PP. “La democracia tiene que ser flexible, pero no frágil. […] La disolución de cualquier asociación sospechosa de practicar la apología del franquismo se hará mediante resolución judicial, que es justamente lo que diferencia una democracia de un régimen autoritario o totalitario,” ha reivindicado. “El pasado del franquismo, señorías del PP, no es incómodo, es una vergüenza”, ha añadido. Y ha reprochado a los populares que quisieran mezclar el franquismo con otros regímenes totalitarios: “Me sorprende que ustedes envuelvan el debate sobre el franquismo con un debate muy interesante sobre el totalitarismo en general en Europa. Los acompañaremos. […] Se equivocan cuando rodean el debate del franquismo huyendo a territorios de otras experiencias históricas. No estamos hablando aquí de dictaduras comunistas, estamos hablando de la experiencia histórica del franquismo, que es nuestra dictadura, por desgracia”, ha remachado.

Desde Junts, Josep Pagès ha sido muy crítico con la Ley de Memoria Democrática, a la que Junts votó en contra. “Respondía al único objetivo de blanquear la Transición y el régimen del 78. Engordó el relato falso y mentiroso de la legitimidad del régimen del 78, un régimen heredero del régimen fascista”, ha criticado. Ahora bien, ha anunciado que Junts apoyaría a una de sus “pocas derivadas positivas”. Asimismo, ha lamentado que la Ley de Memoria Democrática “haya consolidado un modelo de impunidad que priva de tutela judicial efectiva” y “deja sin justicia a las víctimas”. “Un modelo de impunidad construido desde una judicatura que no ha acabado nunca de cortar sus vínculos con el franquismo”, ha denunciado. Y ha lamentado que aquella norma no incluyera la derogación de la amnistía de 1977 para los crímenes de lesa humanidad: “Los jueces pueden seguir archivando sistemáticamente las denuncias hasta que ya no quede ningún criminal franquista vivo”.

Un mandato de la Ley de Memoria Democrática con un año y medio de retraso y la legitimación de la Fiscalía

En concreto, la ley cumple con un año y medio de retraso un mandato de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, e introduce una nueva disposición adicional quinta a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. Se incluye que, “con independencia de las finalidades y actividades sociales recogidas en los estatutos”, las asociaciones se disolverán, “mediante resolución judicial”, si llevan a cabo actividades que constituyan “apología del franquismo, bien enalteciendo el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo sus dirigentes” siempre que suponga un “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” del golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo o una “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Asimismo, se añade un artículo que estipula que el “ejercicio de la acción en este tipo de procesos” corresponderá al Ministerio Fiscal y que las asociaciones o entidades que tengan como finalidades la defensa de la memoria democrática también tendrán “legitimación activa” para impulsarlo (dos previsiones que ahora no están contempladas).

El camino del Ministerio de Cultura para acabar con la Fundación Francisco Franco

Hace casi un año, el pasado mes de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que ponía en marcha los trámites para extinguir la Fundación Francisco Franco. El ministerio solicitó un informe en la Secretaría de Memoria Democrática sobre el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática por parte de la Fundación Franco y al Registro de Fundaciones de competencia estatal. Posteriormente, se comunicará el expediente a la fundación y se abrirá el correspondiente periodo de alegaciones. Finalmente, se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del que el Ministerio de Cultura elaborará una resolución para instar judicialmente la extinción: la resolución definitiva del procedimiento será decisión de los jueces.