El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley trans, con la abstención de la socialista Carmen Calvo. Cuando parecía que el PSOE y Unidas Podemos habían superado las últimas riñas, la exvicepresidenta del Gobierno ha roto la disciplina de voto de su grupo parlamentario. Sin embargo, la norma que permite el cambio de sexo sin informes médicos ha salido adelante con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones y ha llegado a la recta final de su tramitación parlamentaria — después de cinco meses de negociaciones complicadas, primero en el seno del ejecutivo estatal y posteriormente en la cámara baja.
La ley trans reconoce la autodeterminación de género, de manera que permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años. Además, desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+. Finalmente, todos los socialistas han votado a favor. Pero Calvo ha decidido romper la disciplina de voto y se ha abstenido. Hace tiempo que se ha mostrado crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y las supuestas consecuencias sobre los derechos de las mujeres que tanto ella como el resto de las tránsfobas o TERF (feministas radicales transexcluyentes, en inglés) dicen que existirán.
Diferencias dentro del PSOE
Más allá de las diferencias con los socios de Unidas Podemos, las diferencias sobre la ley trans también se han dado dentro del PSOE. Es por eso que la exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli abandonó el partido, en señal de protesta contra los intentos del grupo socialista para retrasar la tramitación del texto. El PSOE presentó varias enmiendas, centradas en limitar la autodeterminación de los menores y endurecer el proceso de reversión de las personas trans. Pero ningún grupo parlamentario dio apoyo a las enmiendas y, finalmente, los socialistas se han visto obligados a rectificar. Calvo ha ido por libre, a la espera de saber si habrá consecuencias por haber roto la disciplina de voto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que el Congreso de los Diputados "cierre armarios" y "abra puertas y ventanas" con la aprobación de una ley que conseguirá asegurar "vidas libres" a las personas trans y LGTBIQ+. La izquierda ha dado apoyo sin fisuras a la norma, aunque ERC y EH Bildu han lamentado que no se hayan reconocido los derechos de las personas no binarias o ampliado los derechos de las personas migradas. También ha contado con el visto bueno de organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y más (Felgtbi+), pero con el rechazo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos — así como de los sectores tránsfobos del PSOE, liderados por Calvo. El movimiento tránsfobo o TERF se excusa en el hecho de que la ley se traducirá, supuestamente, "en un borrado de las mujeres". Sea como sea, el Senado recibirá ahora el texto para su aprobación definitiva.
La ley reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, si bien los menores de 16 y mayores de 14 años tendrán que asistir con sus padres o tutores. Solo hará falta la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 y más de 12 años, mientras que los menores de 12 años no podrán cambiar de sexo en el registro — pero sí su nombre en el DNI. La norma también prohíbe las terapias de conversión y garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a cualquiera que pueda gestar, así como reconoce la filiación de los hijos de personas lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas. Por otra parte, contempla una estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para el colectivo en ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda.