El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma exprés del Código Penal después de que el Tribunal Constitucional haya aplazado para el lunes su decisión definitiva sobre si avala la reforma judicial impulsada por PSOE y Podemos. La cámara baja ha dado luz verde de esta manera a la derogación del delito de sedición, la reforma de la malversación y la modificación de las normas para renovar el TC. Ahora la pelota está en el tejado de este mismo tribunal, que tendrá que resolver si la modificación del Código Penal para reformar el poder judicial es constitucional.
"La última vez que Inés Arrimadas le habló así a la presidenta de un Parlamento fue con Carme Forcadell, y acabó en la prisión". El líder de Esquerra Republicana en la cámara baja, Gabriel Rufián, ha sintetizado con esta frase aquello que ha sido más fácil de percibir este jueves: el Congreso se ha parecido mucho al Parlament del 2017. No solo por la injerencia del Tribunal Constitucional en un debate que todavía no se había producido, sino por las comparaciones constantes que ha hecho el españolismo más severo entre aquello que se votaba este jueves en Madrid y lo que se aprobaba hace cinco años en Barcelona.
Antes del discurso de Rufián, la presidenta de Ciudadanos había asegurado que este jueves se repetía en el parlamento español "lo que ya se sufrió en septiembre de 2017". "Será la primera vez que eso pasa en el Congreso, pero no es la primera vez que pasa en España", ha asegurado, además de hacer comparaciones constantes entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. De hecho, ha lamentado que la izquierda española se haya quejado de las injerencias del Constitucional: "Utilizan los mismos argumentos que utilizaban Junqueras y Puigdemont", ha dicho.
Para añadir más dinámicas propias del 2017 en Catalunya, Vox ha decidido ausentarse en este debate. Sí que ha hablado el ultraderechista Javier Ortega Smith, que ha abandonado el hemiciclo justo después de acabar su discurso, en el cual ha lanzado amenazas sobre enviar diputados "al banquillo de los acusados". Por si no fuera suficiente, ha aparecido más de una vez el nombre de Tejero. Gabriel Rufián ha dicho que le daba "miedo" que entrara el golpista del 23-F "con toga", refiriéndose a los magistrados del TC. Y el portavoz del PSOE Felipe Sicilia ha hecho una comparación entre Tejero y el PP, cosa que ha provocado la indignación de la bancada popular.
El PP sí que se ha mantenido sentado- en sus escaños, pero ha optado por no votar, de manera que la votación ha acabado con 249 votos emitidos, de los cuales 184 han sido a favor (la mayoría de la investidura), 64 en contra y uno ha sido una abstención. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha afirmado que su formación "nunca abandona las instituciones" pero ha asegurado que su partido no quería votar en una votación que, en su opinión, no se tendría que haber producido nunca. Ciudadanos tampoco no ha estado presente en el hemiciclo.
El Tribunal Constitucional, al horizonte
La votación de la reforma del Código Penal ha llegado escasas horas después de que el Constitucional decidiera aplazar hasta el próximo lunes el Pleno en que tenía que decidir si acepta o rechaza el recurso de amparo del PP que pide detener la reforma del poder judicial. Los cinco magistrados progresistas han solicitado celebrar el Pleno otro día en el que "se pueda estudiar completamente el asunto, a la vista del volumen de documentación aportada, de la complejidad de la cuestión y la relevancia de la decisión". Los cinco magistrados progresistas consideran que todas estas cuestiones, además de los escritos que han presentado este jueves por la mañana PSOE y Unidas Podemos, "imposibilitan poder participar en la deliberación y votación". El PP presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar las enmiendas introducidas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición con el fin de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional.
De hecho, este jueves, durante la sesión parlamentaria para debatir las enmiendas del Código Penal, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado el Gobierno a intentar renovar el poder judicial a través del Consejo de Ministros — con todas las garantías"— y no a través del Congreso de los Diputados. Según la popular, tras la reforma exprés de la malversación hay la intención de beneficiar a los líderes del Procés y políticos socialistas que han sido condenados por corrupción.
¿Qué se ha votado este jueves?
Por una parte, el Congreso ha aprobado de manera definitiva la sustitución en el Código Penal del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Después de que surgiera mucha polémica por la supuesta persecución al derecho de protesta, PSOE y ERC acordaron una enmienda en la cual se añade que en el caso de invasión de instalaciones es necesario "que se altere gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en estos lugares". También acordaron establecer que la aplicación de los desórdenes públicos agravados no es un "simple agravamiento" de las conductas recogidas en el tipo básico, sino que está previsto para casos "excepcionales" en los cuales se produzca "un comportamiento autónomo y con elementos dispuestos desde el inicio a alterar gravemente el orden público".
Con respecto al delito de malversación, los republicanos acabaron aceptando la enmienda que impuso al PSOE: condenar con uno a cuatro años de prisión al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad por la cual no estaba previsto. Se trata de una enmienda que también inhabilita al funcionario en una horquilla que va de los dos a los seis años. Con la enmienda transaccional pactada entre PSOE y ERC, se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito: apropiación o intento de apropiación de patrimonio público sea para enriquecimiento propio o de terceros, el uso temporal de patrimonio público para uso privado y la de dar al patrimonio público una aplicación diferente que aquella en el que estaba destinado. Este último punto fija como requisito para las penas de prisión que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpiment grave del servicio público". Es por eso que Esquerra Republicana considera que hechos como el 1-O no se pueden castigar; pero el PSOE no lo ve de la misma manera, además que habría que ver qué opinión tienen los jueces españoles.
Asimismo, el recurso del PP que tendrá que resolver el TC va relacionado con dos enmiendas que presentó PSOE y Podemos para reformar el poder judicial. Una que cambia la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados en el Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Y otra que permitiría en el Gobierno y en el Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados.
Por otra parte, PSOE y Unidas Podemos acabaron pactando una enmienda que, en palabras del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se trata de un "toque de atención" a los jueces a la hora de aplicar la ley del 'solo Sí es Sí'. La intención es que no se repitan las rebajas de penas a agresores sexuales por la interpretación que hacen los jueces.