El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Decreto ley pactado entre el Gobierno y Junts para poder reubicar urgentemente a los 4.400 menores migrantes que se encuentran hacinados en las Islas Canarias y Ceuta. La clave del acuerdo entre socialistas e independentistas es que en esta reubicación se tendrá en cuenta el esfuerzo previo que ha hecho cada comunidad autónoma. Es decir, se compensará la hospitalidad que Catalunya ha dado a estos niños y niñas en los últimos años y se convertirá en la autonomía que esta vez absorberá menos; esta vez tendrán que ser Madrid y Andalucía los territorios que hagan los deberes. Han votado a favor las mismas formaciones que invistieron a Pedro Sánchez esta legislatura: PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV y Coalición Canaria. Vox ha votado en contra, y también el PP; a pesar de los múltiples intentos de los socialistas para conseguir un acuerdo entre los dos grandes partidos españoles en una materia delicada como esta.
Durante el debate, el ministro Ángel Víctor Torres ha insistido en que en este nuevo reparto "no se beneficia" a ninguna autonomía, porque solo se reconoce su esfuerzo previo, como es el caso también de Euskadi. "Hay que dar una respuesta de país", ha sostenido el socialista. Josep Maria Cervera, diputado de Junts, ha sacado pecho que su partido "haya encarado sin miedo el reto demográfico, sin eludir ninguna arista puntiaguda y asumiendo el riesgo de que nos etiqueten gratuitamente". Por eso, también ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSOE para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, ha tirado de ironía y ha acusado a los católicos de Vox de ser unos "pecadores" por oponerse a proporcionar ayuda humanitaria a estos menores. Ha asegurado que es "un orgullo" poder destacar que Catalunya haya acogido a 15.000 jóvenes desde el 2017. "Si hay problemas, se encuentran soluciones", ha sentenciado. Pepa Millán, de Vox, ha vuelto a vincular la inmigración con el aumento de la inseguridad en las calles, y ha acusado a PSOE y a Sumar de ayudar a estos menores para crear en un futuro "una bolsa electoral" que los vote. Por parte del PP, Ana Alós ha tachado de "injustos y arbitrarios" los criterios del nuevo reparto. Ha pedido que Catalunya absorba más niños y niñas y ha tenido tiempo para pronunciar mantras sobre el catalán: ha dicho que hay menores a quienes se "discrimina" por hablar castellano.
La reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería
En los próximos días se podrá saber cuántos menores acaban repartiéndose esta vez entre las distintas autonomías; y la reubicación se ejecutará en los próximos meses. El Gobierno destinará un paquete de 100 millones de euros para financiar esta nueva acogida. El texto aprobado este jueves reforma el artículo 35 de la Ley de extranjería: se articula un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solamente desde zonas de llegada cuando sus recursos de acogida lleguen al 300% de su capacidad.
La modificación establece que cualquier reparto tendrá que ser aprobado a partir de ahora de forma unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, compuesta por el Gobierno y por representantes de cada una de las autonomías. Si no se llega a ningún acuerdo, se establecen los siguientes criterios, con sus respectivas ponderaciones, para hacer los repartos: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo anterior (6%), dimensionado estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Ayuso hace trampas para intentar quedarse con menos menores
A finales del pasado mes de marzo, las autonomías tuvieron que enviar al Gobierno los datos sobre cuántos menores migrantes acogen en este momento. La Generalitat comunicó al Gobierno que actualmente tiene acogidos a un total de 2.242 menores extranjeros no acompañados. Andalucía aseguró que tiene 2.615, mientras que Madrid informó de que acoge a 2.442, por encima de su capacidad. El Ministerio de Juventud e Infancia, al recibir estos datos, denunció que algunas comunidades habían hecho trampas en el momento de trasladar estos datos. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que, con la intención de quedarse con menos menores en el nuevo reparto, informó del total de niños y niñas que han pasado por los servicios sociales de la comunidad; no una fotografía sobre los menores que atiende actualmente.
Aragón, por su parte, se ha declarado en rebeldía y ha decidido no compartir sus datos. De todos modos, el Gobierno siempre ha sostenido que aquellas autonomías que no comparten estos datos lo hacen porque realmente no están tan saturadas como declaran y esconden información con finalidades racistas. Y en los casos en que detecte que una comunidad no ha enviado información fiable, utilizará los últimos datos que el Gobierno tiene en sus manos: los de diciembre de 2023. Las autonomías tienen hasta este jueves para presentar sus aclaraciones sobre los datos confusos.
Recursos del PP contra el nuevo reparto
Ya hay comunidades autónomas gobernadas por el PP que han presentado recursos contra esta Ley. Es el caso de Aragón, que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el requerimiento del Gobierno de compartir datos sobre estos menores. Cantabria también ha autorizado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, igual que Madrid, Andalucía, la Generalitat Valenciana, las Islas Baleares y Castilla y León. Abrió la puerta a presentar un recurso —pero todavía no lo ha hecho— el barón socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha dijo que el pacto PSOE-Junts era "insultante" y dijo que Carles Puigdemont era un "supremacista identitario".