José Luis Ábalos podrá ser investigado por el Tribunal Supremo por el caso Koldo. El Congreso de los Diputados ha obviado las explicaciones del exministro y exsecretario de Organización del PSOE y ha aprobado el suplicatorio que pidió el juez Leopoldo Puente que le levanta la inmunidad parlamentaria que tenía como diputado elegido en las elecciones del 23-J (desde el mes de marzo forma parte del Grupo Mixto después de que el PSOE lo expulsara de su grupo parlamentario). Como es diputado, estaba aforado y hacía falta que la cámara baja diera luz verde al suplicatorio para que pueda ser investigado formalmente. La semana pasada se dio el primer paso con la votación favorable de la Comisión del Estatuto de los Diputados. A puerta cerrada, con las cámaras enfocando el techo, sin micrófonos y sin público en las tribunas, el pleno ha debatido el suplicatorio y le ha dado vía libre con el voto a favor de todos los partidos, también el PSOE, en una votación secreta. La decisión del Supremo llegó a mediados de diciembre, cuando el magistrado vio “bastantes indicios” para investigar a Ábalos por cuatro posibles delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. “Aprovechando su condición de ministro, y a cambio de varios beneficios económicos, podría haber determinado la adjudicación de varios contratos públicos con empresas privadas en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19”, esgrimía el auto. En toda la historia del Congreso, se han pedido 47 suplicatorios: se han aprobado 33 y se han rechazado 14. Dos de los últimos suplicatorios otorgados fueron a Laura Borràs en 2020 por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes y a Francesc Homs en 2016 por el 9-N. La última negativa del Congreso fue en 1988, en un caso contra el exministro socialista José Barrionuevo por derecho al honor del hermano de un etarra.
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Ayer, pocas horas antes de empezar el pleno, José Luis Ábalos pidió retrasar la votación hasta que el Supremo resuelva el recurso de súplica y hasta que se reanude el periodo ordinario de sesiones en la cámara baja, a partir de febrero. En su escrito, lamentaba que el Congreso haya “ignorado” que el auto del juez Leopoldo Puente pidiendo investigarlo “no es firme”, dado que está recurrido, y defendía que el Reglamento del Congreso estipula que, después de que se haya pronunciado la Comisión del Estatuto de los Diputados, el suplicatorio se tiene que votar al “primer pleno ordinario de la cámara”, que será en febrero. “Si se explicita que tenga que ser ordinario, es porque se excluye la posibilidad que sea extraordinario”, esgrimía Ábalos. Asimismo, denunciaba que la víspera de la votación todavía no había tenido acceso al dictamen de la comisión. A pesar de estas alegaciones, Francina Armengol ha mantenido el plan previsto y ha sometido a votación el dictamen que emitió la Comisión del Estatuto de los Diputados.
El juez considera “indiciariamente justificado” que Ábalos podría haberse beneficiado económicamente” con el caso Koldo
¿Qué argumenta Leopoldo Puente? El juez señalaba que Ábalos “intervenía” en el entramado del caso Koldo “personalmente e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado” y consideró “indiciariamente justificado” que Ábalos podría “haberse beneficiado económicamente” con el pago (por parte de Aldama o de terceras personas) de la vivienda en la que residía la que era su pareja y podría haber obtenido de Aldama un contrato de alquiler de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid. Con todo, el juez rebatió la declaración voluntaria que hizo el exministro en el Supremo negando que hubiera cobrado comisiones: “No se aviene con los indicios, que se concretan en diferentes documentos y declaraciones”, sostenía al juez.
Por otra parte, el magistrado señaló que Víctor de Aldama (empresario y comisionista del caso Koldo), “aprovechando la relación personal que lo unía” con Ábalos y Koldo, “habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia”, cosa que le permitió articular una oferta por asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de Soluciones de Gestiones, la empresa que está en el epicentro de la presunta trama corrupta. Asimismo, apuntó que Koldo García (el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) “intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones en las empresas y, al mismo tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización”.
Ábalos denunció una “investigación prospectiva” y una “operación” para hacer caer el Gobierno
Antes de que se pronunciara la Comisión del Estatuto de los Diputados, José Luis Ábalos presentó un informe de 88 páginas defendiéndose. Aseguraba que ha sido víctima de una “investigación prospectiva” y de una “operación” de la derecha y la ultraderecha para incriminarlo y hacer caer al Gobierno. De hecho, relataba que ha habido “venganzas” de agentes de la Guardia Civil que fueron destituidos por el ejecutivo socialista entre 2018 y 2020, durante la primera etapa de Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando Ábalos era su mano derecha. “Los responsables actuales de la UCO estaban entonces bajo su subordinación”, apuntaba. Ábalos también insistía sobre la legalidad de todos sus actos y recordaba que el Tribunal de Cuentas avaló los contratos de la compra de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Asimismo, se identificaba como víctima de la prensa “controlada, sectaria y malintencionada” que tiene como objetivo “deshumanizar e incriminar”. El documento llegaba a comparar su señalamiento con el espionaje sufrido por diputados de Podemos. “Se trata de alterar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”, remachaba.