La guerra entre el CGPJ de Carlos Lesmes y el Congreso de los Diputados se intensifica. A pesar de las advertencias de la cúpula judicial, el poder legislativo ha decidido seguir adelante con su iniciativa. Hoy, el pleno de la cámara baja ha dado un paso más adelante, superando con nota el debate a la totalidad de la reforma exprés. Esta reforma busca limitar las competencias, sobre todo evitar los nombramientos, de un órgano de gobierno de los jueces que tenga el mandato caducado (en este caso, desde hace más de dos años). Ha salido adelante con una mayoría amplia, la mayoría que quiere detener un poder judicial colonizado y secuestrado por la derecha. Pero el CGPJ no se da por interpelado y va a la suya.
Sin ir más lejos, tan sólo unas horas antes de la votación en el Congreso de los Diputados, el pleno del CGPJ se ha reunido y ha aprobado, por una mayoría amplia pero sin unanimidad, siete nuevos nombramientos. Se trata de los presidentes de la sala de lo social del TSJ de las Baleares y de las audiencias de Cantabria, Granada, León, Navarra, Baleares y Ciudad Real.
Acción y reacción. En el poder legislativo, la reforma ha superado el debate a la totalidad. Sólo el PP, Vox, Ciudadanos y Junts han presentado enmiendas en contra, que el resto del hemiciclo han girado y han permitido que continúe con sus trámites parlamentarios. El PDeCAT también ha votado contra las enmiendas de la derecha y se ha abstenido en la de Junts. La norma seguirá tramitándose por la vía de urgencia, para reducir toda esta tramitación a la mitad, por mucho que proteste el CGPJ.
El debate a la totalidad llega una semana después de que Carlos Lesmes convocara un pleno extraordinario del CGPJ. De esta reunión, salió un texto de protesta. El motivo formal: no haber pedido al CGPJ un informe sobre la reforma (como consecuencias de la supresión de trámites). El acuerdo, adoptado sin unanimidad —dieciséis vocales a favor y cinco en contra—, advertía que el adoptado por el Congreso "no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".
La reforma, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, se centra en los nombramientos. El texto registrado el pasado diciembre propone "limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente con miembros que han excedido el periodo constitucional del mandato" e impedir que puedan proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como magistrados del Tribunal Constitucional.
Decenas de nombramientos
El Consejo General del Poder Judicial, presidido por el conservador Carlos Lesmes, tiene el mandato caducado desde hace más de dos años, pero continúa con su actividad como si nada. Ya son decenas los nombramientos que ha hecho el órgano de gobierno de los jueces desde que está en funciones a la espera de renovación. En funciones se han renovado todas las presidencias de sala del Tribunal Supremo, incluida la renovación de Manuel Marchena al frente de la sala de lo penal. Y ha convocado nuevas plazas vacantes. Frente a esto, y que el PP no rompe el bloqueo de la renovación, el PSOE y Unidas Podemos decidieron impulsar una reforma que limite las funciones cuando tenga el mandato caducado. De momento va viento en popa. A diferencia de la renovación del CGPJ.