Finalmente, hay fecha. Después de más de dos meses de laberinto parlamentario y de largas por parte del PSOE, el Congreso de los Diputados ha puesto día al debate en el pleno de la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La proposición no de ley (que tiene un impacto político, pero no es vinculante) fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara Baja hace quince días después de haberlo pospuesto la decisión en dos ocasiones para ganar tiempo. Finalmente, la solución llegó a raíz de la negociación por el nuevo decreto con medidas sociales que desencallaron los socialistas y los juntaires. Una de las contrapartidas fue la luz verde de la Mesa a la PNL a cambio de una breve reformulación para hacerla más digerible. Así pues, según ha podido saber ElNacional.cat, el próximo martes 25 de febrero el pleno debatirá y votará instar al presidente del Gobierno a “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución” y “atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica” de la iniciativa. El debate será el martes 25 de febrero por la tarde y la votación, el miércoles.
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El mismo día que el PSOE acabó aceptando la tramitación de la iniciativa, Pedro Sánchez cerró la puerta de par en par a acoger la demanda de Junts. En una rueda de prensa para defender el nuevo real decreto, el presidente español aseguró que, a pesar del acuerdo con Junts, la Moncloa descarta que se someta a una cuestión de confianza. “El Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, subrayó. E insistió que la “competencia constitucional recae en la presidencia del Gobierno con previa deliberación del Consejo de Ministros”.
Hacemos memoria. Fue a mediados de diciembre cuando Carles Puigdemont denunció los incumplimientos del PSOE respecto al acuerdo que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez. “Un año después, las cosas no van bien y ha llegado el momento o bien de un punto inflexión o bien de dejarlo correr”, advirtió el líder de Junts el 9 de diciembre. “Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar, no ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado”, añadió. Y eso llevó al grupo parlamentario de Junts a registrar una PNL para instar al presidente español a ratificar su confianza.
Dos aplazamientos en la Mesa para ganar tiempo
Poco más de 24 horas después del anuncio de Junts, fuentes socialistas en el Congreso aseguraban por los pasillos que el órgano de gobierno de la Cámara Baja vetaría la propuesta. Ahora bien, una semana después, los letrados del Congreso emitieron un informe que avalaba la iniciativa y dejaba la pelota en el terreno de la política: “Corresponde a la Mesa fijar un criterio que servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”. En este escenario, la trascendencia de la decisión sirvió de excusa al PSOE para ir posponiendo el veredicto intentando ganar tiempo para negociar con Junts.
De esta forma, el 17 de diciembre la Mesa optó por aplazar el debate alegando que el informe de los letrados es “muy abierto” y hay que mirarlo con lupa. “La Mesa ha visto que había mucha carga jurídica en esta decisión y que podría asentar un precedente” de cara a futuras iniciativas que se parezcan, esgrimían las fuentes del entorno de Francina Armengol consultadas por ElNacional.cat. La siguiente fecha en el calendario fue el 16 de enero: parecía que era el día que la PNL tenía que recibir fumata blanca, pero el PSOE volvió a chutar la pelota adelante y mantuvo congelada la iniciativa. Finalmente, el 4 de febrero el PSOE cumplió el pacto con Junts sobre el decreto y aceptó tramitar la proposición no de ley.
Concretamente, el informe de los letrados del Congreso abría la puerta a aceptar la iniciativa de Junts. “Como es una proposición no de ley, el resultado de la votación no tendría impacto jurídico en la relación de confianza existente entre el poder legislativo y el ejecutivo”, apuntaba el dictamen. Eso sí, señalaba que, ante la ausencia de “precedentes de proposiciones no de ley similares”, correspondía a la Mesa “fijar un criterio que servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”.