Arranca un nuevo curso político en el Congreso de los Diputados. Y lo hace, todavía en fechas poco habituales, a causa de la ofensiva que ha armado el Partido Popular contra el Gobierno en forma de batería de peticiones de comparecencia. Los populares quieren pedir explicaciones a Pedro Sánchez por tres motivos y a cuatro ministros por diferentes sucesos de este verano. Son María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda), José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Óscar Puente (ministro de Transportes y Movilidad Sostenible) y Ana Redondo (ministra de Igualdad). Para que salgan adelante, necesitarán el voto a favor del PP y Vox, junto con el de un tercer grupo parlamentario. En clave catalana, los populares señalan a Sánchez por el regreso y posterior marcha de Carles Puigdemont y a Montero por el pacto entre el PSC y ERC sobre la financiación de Catalunya.

Pedro Sánchez por el regreso y marcha de Carles Puigdemont

Una de las principales demandas del PP es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en el pleno del Congreso las “razones” por las que Carles Puigdemont “pudo pasearse el día 8 de agosto por Barcelona, incluso celebrar un acto público, sin que se hubiese procedido a su detención, a pesar de tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo” y detalle las “acciones que había emprendido su Gobierno para evitarlo”.

Desde el primer día, el PP ha responsabilizado a la Moncloa, al PSOE y al PSC del regreso y posterior marcha de Puigdemont y ha pedido el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por las “negligencias” en la no detención. En cambio, desde el Gobierno han insistido reiteradamente que la responsabilidad “exclusiva y directa” de la marcha de Puigdemont fue de los Mossos. En su respuesta al juez Pablo Llarena, el Ministerio del Interior relataba que la policía española no pudo detectar a Puigdemont en la frontera, pero esgrimía que ofreció apoyo a la policía catalana y que esta no fue “requerida”. 

María Jesús Montero por el pacto PSC-ERC sobre la nueva financiación de Catalunya

El segundo ariete del PP tiene que ver con el pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa y la reforma del sistema de financiación de Catalunya. Los populares quieren que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda informe sobre el “sistema de financiación singular” y el “secesionismo fiscal” que “ha acordado con sus socios de forma bilateral y fuera del sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común a cambio de presidir la Generalitat de Catalunya y seguir presidiendo el Gobierno de España”. Según contó el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, Montero tiene que contar “qué va a pasar cuando se rompa la caja de la Agencia Tributaria y la caja única que justifica la unidad económica de España” y “cómo se van a pagar los servicios públicos”.

María Jesús Montero afirmó la semana pasada que el acuerdo entre socialistas y republicanos no es “ni un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación” y abrió una profunda polémica con ERC, que amenazó con tumbar los presupuestos generales del Estado. Desde el primer momento, el PP acusó a la vicepresidenta primera de “mentir” y de “negar lo que han firmado con ERC”.

Pedro Sánchez por la crisis migratoria

Las otras explicaciones que el PP reclama al presidente español tienen que ver con la crisis migratoria derivada de la llegada de migrantes a las Islas Canarias. Justo el viernes pasado, Sánchez se reunió con el presidente canario, Fernando Clavijo, para abordar esta cuestión: se comprometió a dar 50 millones de euros hasta finales de año e insistió que la única vía posible es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que ya se frustró en julio. El PP pide la comparecencia de Sánchez para que informe sobre las actuaciones que ha impulsado el ejecutivo para “afrontar la emergencia migratoria que vive España y que afecta a la Unión Europea”.

Además, los populares, que hace una semana presentaron su plan migratorio, que apuesta por reforzar el control de las fronteras frente al “descontrol de los flujos migratorios” con más agentes y con el despliegue de Frontex, quieren detalles sobre las medidas que adoptará el Gobierno para “garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones” y permitir una “auténtica política de Estado en materia migratoria”. También reclaman al presidente español que dé cuenta de las “actuaciones del Gobierno ante el impacto de la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, territorial y de las relaciones exteriores de España” y de las medidas que implementará para “evitar la saturación de los servicios públicos”.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares por las elecciones en Venezuela

Finalmente, el PP quiere que Sánchez comparezca para hablar de Venezeula. En concreto, los populares han registrado una petición de comparecencia para que explique la “postura oficial del Gobierno en relación con el posible fraude electoral llevado a cabo por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, en contra de la voluntad del pueblo venezolano, que dio la victoria con claridad a la oposición”.

Asimismo, desde Génova solicitan que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, vaya a la Comisión de Asuntos Exteriores para que dé cuenta de la “inacción y falta de condena al régimen de Nicolás Maduro por la falta de garantías y transparencia, así como por la manipulación en el proceso electoral” y en la Comisión Mixta para la Unión Europea para que “explique las iniciativas que va a impulsar el Gobierno de España en la Unión Europea para garantizar que la voluntad de los venezolanos manifestada en las urnas sea respetada”. Albares se volvió a negar ayer a reconocer la victoria de la oposición venezolana porque no sería “responsable” y no descartó sanciones si Maduro no publica las actas de las elecciones. Justo hace dos semanas, el mismo Albares compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores el Senado, a petición del PP, con el mismo objetivo. Aquel día, Albares subrayó que el Gobierno defiende que “se respete la voluntad democrática de los venezolanos” y apuesta por una “solución a la crisis de Venezuela” que sea “entre venezolanos” y que “venga del diálogo”.

Óscar Puente por el “caos ferroviario”

El PP también señala directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el “caos ferroviario que se está produciendo este verano en España”. En concreto, desde Génova quieren poner la lupa a los hechos que se produjeron el 5 de agosto en la estación de Chamartín, con “averías, retrasos, caos, ventanillas rotas para poder respirar, pasajeros atendidos por el calor” y conocer las “medidas que adoptó previamente para evitar estas situaciones, que se han demostrado insuficientes”.

El ministro compareció con el mismo objeto la semana pasada en el Senado. En aquella ocasión, Puente reivindicó que “el servicio ferroviario que se presta hoy es el mejor que se ha prestado nunca” y subrayó que “el tren vive en España el mejor momento de su historia” con “récord tras récord de viajeros”. “Ya solo me ha faltado escuchar que, con Franco, los trenes iban mejor”, afirmó con ironía.

Ana Redondo por los “graves errores” de la Ley Trans y la Ley de Paridad

Finalmente, la última petición del PP referente al Consejo de Ministro atañe a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que informe en comisión sobre las “consecuencias de los graves errores generados en la redacción” de la Ley Trans y la Ley de Paridad. En el primer caso, tiene que ver con el ertzaina que intentó agredir a su mujer con un cuchillo en San Sebastián y que había cambiado de sexo en noviembre de 2023 ante el registro civil. En el segundo caso, alude a un “error técnico” en la Ley de Paridad, que entró en vigor el jueves pasado, que desprotege a los trabajadores que tengan una adaptación de jornada o se acojan al nuevo permiso de cinco días por cura de un familiar después de un accidente, enfermedad grave u hospitalización.