Durante las últimas semanas, el poder judicial ha alzado, y mucho, la voz. Pero no ha podido parar al poder legislativo. Hoy el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, por fin, la reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando tiene el mandato caducado. El objetivo: que no pueda seguir nombrando magistrados, como está haciendo del CGPJ de Carlos Lesmes en los más de dos años que está en funciones. Con la aprobación del dictamen por parte del hemiciclo, con una amplia mayoría, la reforma judicial exprés ha acabado su recorrido en la carrera de San Jerónimo. Ahora el texto inicia el camino hacia el Senado para poder ser muy pronto una realidad vigente. Todavía no lo es, y como demostró la semana pasada el órgano de gobierno de los jueces no se da por aludido.

La reforma judicial exprés saldrá con una mayoría bastante amplia. Votarán a favor los dos socios del Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales, incluyendo el independentismo. En contra sólo lo harán la triple derecha del PP, Vox y Ciudadanos.

¿Qué dice la reforma? Se centra sobre todo en los nombramientos. El texto aprobado hoy por el Congreso propone "limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente con miembros que han excedido el periodo constitucional del mandato" e impedir que puedan proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como magistrados del Tribunal Constitucional.

De momento, sin embargo, no está vigente. Y el CGPJ presidido por Carlos Lesmes ha procedido a decenas de nombramientos desde finales del 2018, cuando acabó su mandato. Entre otros, ha renovado todas las presidencias de sala del Tribunal Supremo, también la de Manuel Marchena, al frente de la sala de lo penal que juzgó a los líderes independentistas. La semana pasada, procedió a seis nuevos nombramientos. Lo hizo sin unanimidad, pero designó un nuevo magistrado de la sala primera del Supremo, los presidentes de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y las Canarias, los presidentes de las audiencias provinciales de Salamanca y las Canarias y la presidenta de la sala de lo social del TSJ del País Vasco.

¿Cómo están las negociaciones políticas para renovar el órgano de gobierno de los jueces? Aparentemente congeladas desde hace dos semanas, cuando el Gobierno y el PP se levantaron de la mesa de negociación. Finalmente no hubo fumata blanca, aunque se habían acelerado los contactos. El principal obstáculo es el veto de Génova a determinados nombres, considerados por ellos próximos a Unidas Podemos, como es el caso de Victòria Rossell o el magistrado José Ricardo de Prada, autor de la sentencia de la Gürtel. La Moncloa no dará ningún paso de momento y está a la espera de que los populares vuelvan a sentarse a hablar. La posible convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid sólo envenena el ambiente político.