Nuevo capítulo en la pugna entre poderes. La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado respuesta hoy a la protesta del CGPJ de Carlos Lesmes. El órgano de gobierno de los jueces denunció cómo se estaba tramitando la reforma judicial, que busca impedir las decenas de nombramientos de jueces que ha realizado en dos años de mandato caducado. El órgano de gobierno de la cámara baja le ha respondido que está actuando "ejerciendo" su potestad y, por lo tanto, no piensa rectificar. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, busca neutralizar el bloqueo de la renovación que impone el PP de Pablo Casado. La tramitación urgente de una iniciativa legislativa permite recortar trámites y acortar plazos.
El pleno del CGPJ se reunió el pasado 21 de enero, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados decidiera aprobar, por el trámite de urgencia, la reforma de la ley del poder judicial para limitar las facultades de un pleno en funciones, saltándose las audiencias previas. No sólo eso, sino que habilitó el mes de enero en el Congreso para acelerar su tramitación. En este contexto, el acuerdo aprobado por los jueces "lamentaba profundamente" que se hubiera tirado adelante "haciendo caso omiso" de la petición que le hicieron el pasado diciembre: que se solicitaran informes al mismo CGPJ, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones de jueces y fiscales.
Hoy el CGPJ ha obtenido respuesta de la Mesa del Congreso de los Diputados. El órgano de gobierno de la cámara se reafirma en su actuación. "El Congreso de los Diputados ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constitución, que reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español", recuerdan en el texto que ha salido hoy de la Mesa. No sólo eso, sino que dan un toque de atención: los únicos que pueden pedir "reconsideraciones" de decisiones son los diputados de la propia cámara, y no la cúpula judicial. A la Mesa, concluye el acuerdo adoptado hoy, le corresponde "cumplir las funciones que le atribuye el reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la cámara e instar el máximo respecto de cualquier otro órgano en el ejercicio de las funciones que le puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes".
Polvo in crescendo
El pasado jueves, se vivió un episodio bastante revelador. En el Congreso de los Diputados, la reforma judicial superó el debate a la totalidad, rechazando las enmiendas presentadas por el PP, Vox, Ciudadanos y los cuatro diputados de Junts per Catalunya. Pero tan sólo unas horas antes de la votación en el Congreso de los Diputados, el pleno del CGPJ se reunía otra vez y aprobaba, por una mayoría amplia pero sin unanimidad, siete nuevos nombramientos. Se trata de los presidentes de la sala de lo social del TSJ de las Baleares y de las audiencias de Cantabria, Granada, León, Navarra, Baleares y Ciudad Real.
El Consejo General del Poder Judicial, presidido por el conservador Carlos Lesmes, tiene el mandato caducado desde hace más de dos años, pero continúa con su actividad como si nada. Ya son más decenas los nombramientos que ha hecho el órgano de gobierno de los jueces desde que está en funciones a la espera de renovación. En funciones se han renovado todas las presidencias de sala del Tribunal Supremo, incluida la renovación de Manuel Marchena al frente de la sala de lo penal. Y ha convocado nuevas plazas vacantes. Frente a esto, y que el PP no rompe el bloqueo de la renovación, el PSOE y Unidas Podemos decidieron impulsar una reforma que limite las funciones cuando tenga el mandato caducado. De momento va viento en popa. A diferencia de la renovación del CGPJ.