El Congreso de los Diputados ha dado este jueves su primer paso para derogar el delito de sedición. Los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y PNV han permitido que ahora el texto presentado por las dos formaciones que conforman el Gobierno inicie su trámite parlamentario para derogar el delito y reformar el Código Penal de manera que se incluyan los desórdenes públicos agravados. La votación de este texto se ha producido bien avanzada la noche y ha tenido lugar dentro de un macrodebate parlamentario que ha empezado a las nueve de la mañana. La cámara ha tomado en consideración la proposición de ley con 187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones. Las seis abstenciones han sido de Junts y la CUP.
Después de haber aprobado los presupuestos y el impuesto a las energéticas y la banca, ha sido el turno de la sedición, la cuestión que ha protagonizado las portadas durante las últimas semanas. La votación de este jueves no implica que se deroga la sedición. Ha significado sencillamente el inicio del trámite parlamentario para que la proposición de ley de PSOE y Podemos salga adelante. A partir de ahora empieza el periodo para presentar enmiendas. Asimismo, se calcula que la aprobación definitiva de la modificación del Código Penal se puede producir hacia finales de año.
La votación de este texto se ha hecho a viva voz a causa de una petición del PP. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, anunció este miércoles que su grupo parlamentario forzaría un escarnio contra los diputados del PSOE. De esta manera, cada diputado socialista ha tenido que levantarse y votar afirmativamente sobre la derogación del delito. El PP decidió hacer este movimiento para retratar a los parlamentarios del PSOE argumentando que "el voto es una responsabilidad individual de cada diputado". Según los populares, tenían el deber moral de votar en contra.
Ha sido precisamente esta búsqueda de la contradicción del discurso del PSOE lo que ha encendido más el debate de esta noche. Francisco Aranda, que es del PSC, ha sido el encargado de defender el texto por parte de los socialistas. Durante el debate, ha criticado a Gamarra por "haber defendido a Soraya, Casado, Feijóo y quien sabe si en un futuro a Ayuso" y ha parafraseado la famosa frase de los hermanos Marx: "Si no le gustan mis principios, tengo otros". Esto ha encendido a la bancada popular, que ha llenado la cámara baja de risas irónicas para denunciar el cambio discursivo que ha hecho el PSOE en los últimos años sobre el independentismo.
El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado que la proposición de ley registrada por su grupo y por el PSOE es un deber con Europa y con la necesidad de ajustar el código penal español al de otros estados europeos. Gamarra, en cambio, ha berreado que "no se trata de una demanda social, sino de un pago al independentismo", y ha asegurado que a pesar de que cada código penal tiene sus "peculiaridades", todos tienen "duras condenas contra quienes atentan contra el orden constitucional".
El discurso más contundente de todos ha sido el del líder de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. El jefe de filas republicanas ha empezado a hacer su discurso cuando quedaban pocos minutos para que ya fuera viernes y ha centrado su intervención en la defensa de la estrategia política de su formación en Madrid. "Nosotros solo podemos aspirar a ponerlo algo más difícil al juez facha de turno", ha afirmado, además de pedir que "si hay alguien que comparta un mínimo de valores con nosotros, que ayude".
Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès ha lamentado que, en su opinión, ERC asume con su apoyo a la creación de los desórdenes públicos agravados que en octubre de 2017 hubo delito en Catalunya. "El Proceso era legítimo y nunca se tendría que haber perseguido", ha afirmado el diputado de la formación capitaneada por Míriam Nogueras, además de recordar que la justicia española ya ha demostrado que el referéndum del 1-O no fue delito. "La reforma Sánchez-Aragonès quiere resolver el ridículo de Llarena con las euroórdenes", ha sentenciado. La formación ha optado finalment por la abstención.
Por parte del PDeCAT ha hablado Genís Boadella, que ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal. En este sentido, ha afirmado que la proposición de ley es “válida” porque suprime “un delito anacrónico como la sedición”. Por su parte, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha querido sacarle hierro al texto y ha asegurado que “la autodeterminación democratiza el reino de España”. El texto, aun así, no ha contado con el apoyo de las filas anticapitalistas al tratarse de una proposición que “traslada el espíritu de la sedición al orden público”. Ahora bien, la CUP también ha votado por la abstención.
Incomodidad por la posible criminalización de las protestas
Habrá que ver durante las próximas semanas en qué se acaba traduciendo este cambio entre la sedición y los desórdenes públicos agravados, ya que son diversos los grupos parlamentarios que han manifestado preocupación sobre algunas de las cuestiones que rodean esta proposición de ley. Incluso Podemos ha mostrado alguna incomodidad porque considera que el texto criminaliza el derecho a protesta.
Junts per Catalunya, por su parte, presentará un texto alternativo que derogue la sedición y al mismo tiempo entierre el proyecto de desórdenes públicos agravados. Los 'juntaires' también ven en la maniobra del Gobierno riesgo de criminalizar el derecho de protesta, y la formación liderada por Míriam Nogueras siempre ha asegurado que esta modificación del Código Penal "saca la sedición por la puerta y la vuelve a hacer entrar por la ventana".
La reforma de la malversación, una opción de futuro
Otro debate que ha resonado durante las últimas semanas ha sido el de aprovechar esta modificación del Código Penal para reformar el delito de malversación. Son diversas las formaciones que han manifestado que se trata de un delito que tiene que seguir existiendo, pero que ahora mismo está mal redactado, a causa de la persecución política del PP al independentismo. Primero fue Esquerra Republicana quien, a través del presidente Pere Aragonès y el exvicepresidente Oriol Junqueras, pusieron sobre la mesa la voluntad de presentar enmiendas para modificar el delito.
Pero de la misma manera que empezó a resonar este debate, ha ido silenciándose; hasta el punto que los republicanos han enmudecido sobre la cuestión y todo indica que será un tema que en todo caso podría reavivarse a partir del año que viene. Hasta Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que había manifestado que su formación es partidaria de distinguir cuando hay lucro personal y cuando no lo hay, ha afirmado este jueves que hoy por hoy no parece que existan las mayorías necesarias para sacar adelante la reforma.
Ante las voces críticas que han aparecido en las últimas semanas dentro del PSOE por la voluntad de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición, el Gobierno ha tomado distancia con esta materia. Incluso el presidente del ejecutivo ha sido preguntado por la malversación este mismo jueves una vez finalizado el debate sobre presupuestos, y ha pasado la pelota al Congreso de los Diputados: "Ahora le corresponde a la tramitación parlamentaria", ha dicho.
Sánchez, que ha afirmado que la derogación de la sedición tiene la voluntad "de europeizar y homologar el Código Penal español a los estándares de las democracias europeas", también ha avisado de que España seguirá teniendo "instrumentos" como el 155 con el fin de protegerse en episodios similares en lo que se produjo el año 2017. "El estado de derecho seguirá teniendo instrumentos para defenderse", ha añadido.