Las alusiones de Míriam Nogueras a "personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española" y a "personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela", la afirmación de que "toda esta gente tiene vía libre para seguir retorciendo la ley y también retorciendo los derechos" y las expresiones "togados franquistas" y "cloacas del Estado español" continuarán en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
Es la decisión que ha tomado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que rechaza la petición del PP de retirar del Diario de Sesiones parte de la intervención que la portavoz de Junts per Catalunya hizo el 12 de diciembre en el pleno del Congreso. Según adelanta Europa Press, Armengol también mantiene las palabras que Félix Bolaños pronunció al día siguiente acusando a ocho vocales del CGPJ de estar "a sueldo y absolutamente a las órdenes del Partido Popular". Fuentes cercanas a Armengol señalan en ElNacional.cat que en la última Junta de Portavoces la presidenta dijo que "la responsabilidad de lo que se habla en el hemiciclo es de los diputados" e instó a todo el mundo a "ser responsable y usar argumentos para defender las ideas y no descalificaciones".
Nos tenemos que remontar a los plenos del Congreso de mediados de diciembre. El martes 12 la Cámara Baja dio luz verde a crear, entre otras, la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya y durante el debate, Míriam Nogueras calificó de "personajes indecentes" a Concepción Espejel (magistrada del TC), Carlos Lesmes (expresidente del CGPJ), Pablo Llarena (juez de instrucción del juicio del Procés) y Carmen Lamela (instructora del Caso de Sandro Rosell) y acusó Manuel Marchena, juez del juicio del Procés, de ser cómplice "de la politización de la policía y también de la justicia española".
Aquel mismo día, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, alzó la voz para denunciar que se habían pronunciado "palabras ofensivas hacia personas con nombres y apellidos, jueces, magistrados y periodistas", reprochó a Francina Armengol que fuera al Congreso "a pasar la tarde" y le reclamó que ejerciera sus funciones para retirar del Diario de Sesiones las expresiones que había utilizado Míriam Nogueras. "Sé perfectamente cuáles son mis funciones", replicó Armengol.
Bolaños acusa ocho vocales del CGPJ de estar "a sueldo y a las órdenes" del PP
Por su parte, el miércoles 13 durante una interpelación del Grupo Popular, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, aseguró que hay ocho vocales del CGPJ que "están a sueldo y absolutamente a las órdenes" del PP, una acusación que para los populares es "tan falsa como grave, mucho más estando dirigida a profesionales íntegros provenientes de la carrera judicial". Bolaños también criticó que el informe del CGPJ que declaraba a Álvaro García Ortiz no idóneo para el cargo de Fiscal General del Estado "se extralimitaba mucho" de sus competencias.
Ante la inacción de la presidenta de la Cámara Baja en los dos casos, el mismo Miguel Tellado le dirigió una carta el 15 de diciembre insistiendo en la crítica en la "dejación de funciones" de Armengol y denunciando las "gravísimas acusaciones", las "ofensas intolerables" y la "torrente verbal de injurias y calumnias contra el Poder Judicial" por parte de Nogueras. Los populares también pidieron a Armengol que eliminara "el señalamiento ad hominem a periodistas y representantes de medios de comunicación", en referencia a la frase de Nogueras mencionando Ana Rosa Quintana (presentadora de Telecinco), Mauricio Casals (presidente de La Razón) y Antonio García Ferreras (presentador de La Sexta).
Retirar una expresión del Diario de Sesiones
Retirar una palabra o una frase del Diario de Sesiones es una decisión que es competencia, exclusivamente, de la presidencia del Congreso de los Diputados. El Reglamento de la Cámara Baja lo prevé cuándo un diputado "profiera palabras o utilice conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad". En estos casos, la presidencia del Congreso "tiene que requerir al diputado o el orador para que retire las ofensas proferidas y tiene que ordenar que no consten en el Diario de Sesiones", según rezan los artículos 103 y 104 del Reglamento.
Sin embargo, las palabras retiradas continúan plasmadas en el Diario de Sesiones. La diferencia es que aparecen en cursiva, entre corchetes y con una nota al pie de página que indica que han sido retiradas por la Presidencia.
Otras expresiones retiradas del Diario de Sesiones
Retirar palabras del Diario de Sesiones por críticas a los jueces o a la cúpula policial no es nuevo. El 11 de junio de 2020, Meritxell Batet retiró la palabra "fascista", utilizada por Míriam Nogueras para referirse al coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, y el 7 de junio de 2022, borró la alusión que hizo Montserrat Bassa, diputada de ERC, al "tribunal fascista" o a los "tribunales golpistas", en relación con la sentencia que obligaba a hacer un 25% de las clases en castellano. Por su parte, el 21 de junio de 2017, Ana Pastor eliminó el calificativo de "miserable" que Gabriel Rufián dirigió al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
A menudo, también se han retirado expresiones referidas a la monarquía: el 4 de junio de 2020, la diputada de la CUP Mireia Vehí tildó de "ladrones" a los miembros de la Casa Real y el 25 de mayo de 2022 la republicana Carolina Telechea calificó al rey emérito Juan Carlos I "de abusivo, mentiroso y corrupto", ambas expresiones fueron eliminadas por Meritxell Batet. Finalmente, entre muchos otros ejemplos, el 23 de mayo del 2018, Ana Pastor borró el calificativo de "cobardes" que Gabriel Rufián dirigió a PP y Ciudadanos.
Sin embargo, el caso más mediático de los últimos años seguramente fue cuando el 27 de mayo de 2022, el entonces portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias. Batet ordenó la retirada de esta expresión del Diario de Sesiones, Álvarez de Toledo presentó un recurso al Tribunal Constitucional, pero el TC lo desestimó por unanimidad, ya que consideró que la decisión de Batet era razonable.