El caso del diputado condenado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, sitúa a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, entre la espada y la pared. La Mesa del Congreso se ha reunido este jueves para debatir sobre la situación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que fue condenado a principios de octubre a una pena de prisión de 45 días, sustituida por una multa, por un delito de atentado contra la autoridad. El órgano de la cámara baja ha acordado, por cinco votos a tres (gracias a la suma del PSOE y Unidas Podemos), pedir una aclaración al Tribunal Supremo, que es el tribunal que condenó Rodríguez, sobre los efectos de esta sentencia y su ejecución. A la espera de esta aclaración, la Mesa aplaza la decisión sobre retirar el acta al diputado de la formación lila.

La presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, es partidaria de expulsar a Rodríguez, según ElDiario.es. Esta posición tiene que ver con la presión del Tribunal Supremo. El criterio de Batet choca con el del PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa, pero la decisión final recaerá en manos de la presidenta. PP y Vox han manifestado que hay que retirar la condición de diputado a Alberto Rodríguez. En este contexto, de la reunión sale la decisión de pedir aclaraciones, hecho que les permitirá ganar tiempo.

Semana de alto voltaje

Esta semana arrancaba con el informe de los letrados del Congreso, que expresaban que Alberto Rodríguez puede mantener su escaño. Estos esgrimían que el hecho de que se sustituya la pena de prisión por una sanción económica (que el diputado ya ha abonado) plantea que la sentencia no tenga "efectos extrapenales". Sostienen que la pena privativa de libertad "no llegó a nacer en ningún momento" por haber sido sustituida desde el inicio por una multa. Eso hizo que, inicialmente, la Mesa se inclinara para mantener el escaño al diputado de Unidas Podemos, con los votos favorables de su formación y del PSOE, que suman mayoría.

El caso, sin embargo, se complicaba el miércoles, después de que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, enviara una solicitud al Congreso para pedir un informe a la Mesa sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial en Rodríguez. Después de esta petición, la Mesa se ha reunido de urgencia esta tarde y ha vuelto a pasar la pelota al Supremo antes de responder cuando empezará el cumplimiento de la inhabilitación.

Multa de 540 euros

El 7 de octubre, la Sala Segunda del Supremo condenaba Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con el atenuante muy calificado de dilaciones indebidas. Eso suponía una pena de prisión de 45 días, que se sustituía por una multa económica de 540 euros, que Rodríguez ya ha pagado.

Los hechos por los cuales lo condenaban se remontaban en el 2014, cuando Rodríguez participó en una protesta en La Laguna contra la ley Wert. Tres meses después, el diputado de Unidas Podemos conocía que lo estaban investigando por, presuntamente, haber clavado una patada a un agente de la policía.

Alberto Rodríguez anunciaba después de saber que había sido condenado que recurriría la sentencia al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos al considerar que no se había aportado ni una prueba contra él. También subrayaba que dos magistrados habían emitido un voto particular considerando que la condena tendría que haber sido absolutoria. Durante el juicio, no hubo ningún testigo que confirmara la lesión al agente ni tampoco se mostró ninguna imagen gráfica que lo corroborara.

La sala de lo penal explicaba en la sentencia que la declaración del policía presuntamente lesionado "no expresaba ninguna duda" y que "la credibilidad del testimonio viene avalada, además, por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado".

 

Imagen principal: Fotografía de archivo del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Europa Press.