Primera pantalla. El Congreso de los Diputados ha hecho el primer movimiento para dar luz verde al suplicatorio de José Luis Ábalos para que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, que actualmente está aforado porque es diputado (desde el mes de marzo forma parte del Grupo Mixto después de que el PSOE lo expulsara de su grupo parlamentario), pueda ser investigado formalmente por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Ha sido la Comisión del Estatuto de los Diputados, reunida a puerta cerrada, la que ha avalado la petición del juez Leopoldo Puente con el voto a favor de todos los partidos, también el PSOE, y ha descartado las alegaciones que presentó Ábalos para defenderse. Superado el primer trámite, el suplicatorio se tendrá que confirmar en el pleno de la cámara baja que se celebrará el próximo miércoles 22 de enero. “La comisión acuerda autorizar que se puedan hacer las actuaciones pertinentes en relación con la investigación respecto a Ábalos”, ha explicado a la salida Manuel Cobo, el diputado del PP que preside la comisión. “Se han cumplido todos los plazos y se ha hecho un trabajo exhaustivo, no puedo añadir nada más”, ha verbalizado. La decisión del Supremo llegó hace un mes: vio “bastantes indicios” para investigar a Ábalos al apreciar cuatro posibles delitos (integración en organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación). “Aprovechando su condición de ministro, y a cambio de varios beneficios económicos, podría haber determinado la adjudicación de varios contratos públicos con empresas privadas en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19”, esgrimía el auto.
La Comisión del Estatuto de los Diputados aplazó ayer su decisión sobre el suplicatorio. Lo decidió así después de que José Luis Ábalos se presentara con un informe de 88 páginas repleto de argumentos para pedir al Congreso que no cediera a la petición del Tribunal Supremo. El exministro tenía dos derechos: presentar un escrito ante la comisión y comparecer ante sus miembros para defenderse. Optó por ejercer los dos derechos. En su escrito, Ábalos aseguraba que ha sido víctima de una “operación” de la derecha y la ultraderecha para incriminarlo en la trama corrupta del caso Koldo y hacer caer así el Gobierno. Además, aseguraba que también ha sido víctima de una “investigación prospectiva”. De hecho, señalaba que ha habido “venganzas” en la investigación provenientes de agentes de la Guardia Civil que fueron destituidos por el ejecutivo socialista entre 2018 y 2020, durante la primera etapa de Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando Ábalos era su mano derecha. “Los responsables actuales de la UCO estaban entonces bajo su subordinación”, apuntaba el exsecretario de Organización del PSOE.
Ábalos también insistía sobre la legalidad de todos sus actos y recordaba que el Tribunal de Cuentas avaló los contratos de la compra de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Con el fin de argumentar el hecho de que presentara un extenso documento de 88 páginas, el exministro señaló ante los medios de comunicación que “los que tienen que tomar una decisión tienen que conocer bien todo el origen de esta causa que es de motivación política”. De hecho, en su escrito, el exministro también se identificaba como víctima de la prensa “controlada, sectaria y malintencionada” que tiene como objetivo “deshumanizar e incriminar”. El documento llegaba a comparar su señalamiento con el espionaje sufrido por diputados de Podemos. “Se trata de alterar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”, aseveraba al exministro.
El juez considera “indiciariamente justificado” que Ábalos podría “haberse beneficiado económicamente” con el caso Koldo
El magistrado que tiene la investigación a José Luis Ábalos sobre la mesa es Leopoldo Puente. En la providencia solicitando el indulto, el juez señaló que Ábalos “intervenía” en el entramado del caso Koldo “personalmente e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”. El juez también rebatió la declaración voluntaria que hizo el exministro en el Supremo negando que hubiera cobrado comisiones: “No se aviene con los indicios, que se concretan en diferentes documentos y declaraciones”, esgrimía al juez. Además, consideró “indiciariamente justificado” que Ábalos podría “haberse beneficiado económicamente” con el pago (por parte de Aldama o de terceras personas) de la vivienda en la que residía la que era su pareja, podría haber concertado el alquiler de un chalet en la costa y podría haber obtenido de Aldama un contrato de alquiler de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Por otra parte, el magistrado señaló que Víctor de Aldama (empresario y comisionista del caso Koldo), “aprovechando la relación personal que lo unía” con Ábalos y Koldo, “habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia”, cosa que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de Soluciones de Gestiones, la empresa que está al epicentro de la presunta trama corrupta. Asimismo, apuntó que Koldo García (el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) “intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones en las empresas y, al mismo tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización”.
Ábalos negó al juez del Supremo las acusaciones contra él: “No hubo comisiones”
El movimiento del Supremo llegó días después de que José Luis Ábalos declarara voluntariamente ante el juez. El exministro negó las acusaciones contra él por el caso Koldo. “No hubo comisiones”, sostuvo a la salida ante los periodistas que lo esperaban. Reivindicó que “había dado las aclaraciones suficientes” y había rebatido “todos los extremos conocidos y publicados”. Posteriormente, como réplica a la declaración del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que sostuvo en el Supremo que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas que se repartían entre Ábalos, Koldo García y el PSOE, el exministro socialista presentó un informe con “25 contradicciones de Víctor de Aldama”. Entre otras cosas, esgrimía que “ninguna prueba documental aportada hasta el momento” corrobora que se cobraran comisiones.
Y a finales de diciembre, José Luis Ábalos pasó al ataque. Presentó un recurso de reforma solicitando al Supremo que anule la causa contra él alegando que se han vulnerado las garantías procesales y los derechos fundamentales, advirtiendo que si no se atiende su petición, se dirigirá al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, y denunciando como “muy grave” la actuación de la Guardia Civil. Además, presentó una denuncia delante de la Fiscalía General del Estado esgrimiendo que la UCO interceptó su “correspondencia privada” y vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.