La Mesa del Congreso ha rechazado este martes el recurso de la portavoz de JxCat, Laura Borràs, contra la tramitación del suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La decisión no ha sido unánime porque los representantes de Unidas Podemos han evitado votar en contra de la diputada independentista y se han abstenido; por contra, PSOE, PP y Vox sí lo han hecho.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió el pasado 25 de mayo la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con Borràs, y al día siguiente la Mesa del Congreso ya puso en marcha el procedimiento parlamentario, que se espera resolver antes del verano. Sin embargo, la portavoz de JxCat apeló a la Mesa al entender que el Supremo no había respetado sus derechos, pero el órgano de gobierno de la Cámara se ha ratificado en lo previsto en el Reglamento y ha rechazado parar el procedimiento. 

Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento, es la Comisión del Estatuto de los Diputados quien debe examinar los suplicatorios, siempre en reuniones a puerta cerrada, y hacer una propuesta al Pleno en el plazo de 30 días hábiles.

Citada el 11 de junio

En su primera reunión para tratar el caso de Borràs, la comisión que preside la diputada del PSOE Begoña Nasarre dio un plazo hasta el 11 de junio para dar audiencia a la portavoz de JxCat con el fin de que presente sus alegaciones, ya sea por escrito o bien de forma oral ante la misma.

Borràs tiene cita este jueves, al filo del plazo, para presentar sus alegaciones presencialmente. Después, la Comisión del Estatuto de los Diputados deberá tomar una decisión, en lo que será la primera votación en el Congreso sobre el suplicatorio. En anteriores suplicatorios, la comisión ha resuelto estos expedientes en poco más de dos semanas.

La propuesta de la comisión se elevará al siguiente Pleno del Congreso, que es el que tiene la última palabra sobre la concesión o denegación de la autorización solicitada. Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en sesión plenaria tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

A partir del acuerdo del Pleno de la Cámara, Batet dispondrá de ocho días para trasladar la decisión a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.