Vox y el PP ponen deberes al Gobierno. La oposición del PSOE y Sumar no ha impedido que la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados apruebe una proposición no de ley (no vinculante y sin efectos jurídicos) impulsada por el partido de Santiago Abascal con la voluntad de reclamar que los ministros y los altos cargos del Gobierno publiquen sus gastos de protocolo y representación, con detalles como el importe, el beneficiario y el motivo del gasto. 17 votos a favor y 15 en contra. Los socios de investidura de Pedro Sánchez no estaban en la comisión y, por lo tanto, no han votado y no han podido evitar el desenlace. La iniciativa insta al Gobierno a cumplir con las obligaciones de publicidad activa recogidas en la ley de transparencia sin que sea necesario un pronunciamiento por parte del Consejo de Transparencia.
El texto que ha recibido luz verde es fruto de una enmienda que introdujo el Partido Popular completando el redactado de Vox. La iniciativa insta a la Moncloa a “garantizar la publicación proactiva de la información sin necesidad de requerimientos previos y asegurando que la ciudadanía tenga acceso a los datos de forma inmediata y verificable”. Incluye a los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Asimismo, apuesta por “publicar de forma periódica, estructurada y en formatos abiertos y reutilizables la relación detallada y desglosada de todos los gastos protocolarios y representativos”, así como “garantizar la trazabilidad” y “facilitar su consulta mediante motores de búsqueda y herramientas de análisis de datos abiertos”. Finalmente, también a instancias del PP, aboga por establecer un mecanismo de auditoría interna por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que “evalúe anualmente la adecuación de estos gastos a los principios de eficiencia, austeridad y servicio al interés general”.
¿Qué han defendido los partidos durante el debate?
Lejos de las críticas que han verbalizado del PP y Vox, los dos partidos que integran el Gobierno ha usado sus turnos de intervención para cargar contra Vox y pasar de puntillas por las exigencias de transparencia. El socialista Raúl Díaz ha lamentado que la propuesta de Vox quiere “hacer creer la desafección y hacer que en la ciudadanía crezca una suerte de reducción al absurdo para que el único representante digna sea Santiago Abascal” y ha denunciado que el partido de extrema derecha “tiende a ponerse exquisito con todos los demás excepto consigo mismo”. “Si hay un grupo parlamentario que lo que hace es presumir de lo que carece es Vox. Que vengan hoy a pedir que se detalle con mayor nivel de especificación le deja a uno claramente estupefacto porque los conceptos Vox y transparencia no encajan”, ha remachado.
Desde Sumar, Juan Antonio Valero se ha limitado a desacreditar a Vox. “Quiero transparencia en los ingresos y los gastos de los partidos políticos: ¿De cuántos chirinquitos ha vivido Santiago Abascal a lo largo de su vida? ¿Por qué una organización iraní financió a Vox? ¿Qué relación hay entre un banco húngaro que deja dinero a Vox y el gobierno de Orbán?”, se ha preguntado. Y ha recordado que, aunque la ley de financiación de los partidos políticos “prohíbe cualquier financiación por parte de los gobiernos y entidades públicas extranjeras”, Vox “ha recibido un préstamo de nueve millones de euros de un banco húngaro que tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al 100% por el estado húngaro”.
En nombre del PP, María Elisa Vedrina ha defendido que “sin transparencia, no hay confianza en las instituciones” y que “sin confianza, la democracia se debilita”. Y ha aprovechado para cargar con dureza contra el PSOE: “El dinero público es dinero de todos por mucho que algunos lo usen como si no fuera de nadie o, peor aún, como si fuera suyo. Ha de servir al interés general, no a los intereses particulares de quiénes gobiernan, ha de crear riqueza, no enriquecer a nuestros gobernantes, familiares y esposas, ha de mejorar los servicios públicos no financiar servicios privados de quiénes lo gestionan, ha de destinarse a la formación de los trabajadores no a prostíbulos y cocaína”.
Por parte de Vox, la diputada Carina Mejías ha defendido su “compromiso con la transparencia” y ha denunciado las “dificultades” que tienen los parlamentarios y los ciudadanos para acceder a estos datos y la “negativa de los ministros” a responder a las peticiones de transparencia para que los españoles “sepan en qué se gasta su dinero”. “Las leyes están para cumplirlas y esta ley debe cumplirse tal y como reza en su articulado, sin exigencia de requerimientos previos ni pronunciamientos ni amonestaciones del Consejo de Transparencia ni que medie una orden judicial”, ha concluido.