La Mesa del Congreso de los Diputados ha tramitado este martes la proposición no de ley de Junts per Catalunya en la que se insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. El PSOE ha cumplido de esta manera su parte del pacto con los juntaires después de que la semana pasada se comprometieran a calificar esta iniciativa a cambio de acordar la aprobación de un decreto ley sobre medidas sociales. El pacto también incluía que los independentistas reescribieran el texto de la iniciativa con el fin de hacerla más digerible para los socialistas. Fuentes del órgano de gobierno de la cámara baja explican que, según sus cálculos, la iniciativa de Junts se debatirá en el hemiciclo o bien en el Pleno que empezará el 25 de febrero o bien en el que se iniciará el 11 de marzo; la semana que hay en medio de estas dos no hay Pleno ordinario.

Hace casi dos meses, Carles Puigdemont denunciaba en una rueda de prensa los incumplimientos de los acuerdos suscritos entre Junts y PSOE a cambio de las investiduras de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Y lo hacía registrando, de forma paralela, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. El PSOE se negaba a aceptar esta iniciativa, con el argumento de que la Constitución solo le otorga al presidente del Gobierno la potestad de convocar él mismo esta prueba de fuego. Pero un informe de los letrados sí que avalaba el texto registrado por Junts per Catalunya: los servicios jurídicos de la cámara entregaron a la Mesa del Congreso un documento que daba por buena cualquier decisión; argumentaba que la iniciativa de los independentistas podía admitirse porque, al ser una proposición no de ley, no tendría efectos jurídicos y se enmarcaría sencillamente en un pronunciamiento de la cámara.

Un redactado más digerible para Sánchez

De todos modos, las negociaciones de la semana pasada entre PSOE y Junts para salvar las medidas sociales que estaban incluidas en el decreto ómnibus tumbado días antes incluyeron también esta iniciativa. Con el fin de hacer las paces en este asunto, los socialistas se comprometieron a aceptarla; pero los independentistas tenían que modificar el redactado para hacerlo más digerible para Pedro Sánchez. La versión registrada el pasado diciembre señalaba: "El Congreso de los Diputados insta al presidente español a plantear una cuestión de confianza". La que se ha tramitado este martes apunta: "El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Así, el nuevo texto remarca lo que los socialistas han reivindicado siempre: que presentar una cuestión de confianza está solo en manos del presidente del Gobierno, por mucho que el hemiciclo de la madrileña Carrera de San Jerónimo le inste a hacerlo. De hecho, la iniciativa, en caso de prosperar, emplaza al jefe del ejecutivo a "considerar la oportunidad" de someterse a una prueba de fuego, por mucho que este escenario ya fuera descartado por el mismo Sánchez. La semana pasada, en rueda de prensa aseguró que "no es necesario". El texto también señala que la proposición no de ley es de "carácter político; sin vinculación jurídica".

¿Y ahora? Sánchez todavía tiene frentes abiertos con Junts

Sea como sea, en estos dos meses no se ha solucionado ninguno de los motivos que llevaron a Carles Puigdemont a desafiar a Pedro Sánchez: el catalán no es una lengua oficial en la Unión Europea, no se ha llegado a un pacto definitivo sobre cómo delegar a la Generalitat las competencias en inmigración y la ley de amnistía no se está aplicando a los líderes del Procés. La Moncloa tiene claro que Junts per Catalunya va "pieza a pieza" y que para avanzar pantallas con esta formación política tiene que superar las actuales. Por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez ha manifestado abiertamente que es consciente de que no podrá empezar a negociar los próximos presupuestos generales del Estado hasta que la carpeta de la inmigración no esté cerrada. De hecho, este lunes, tanto la portavoz del PSOE como el ministro Félix Bolaños allanaban el camino a tener que volver a prorrogar presupuestos.