Los votos del PP, Vox y Podem han facilitado este jueves la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para "abolir la prostitución" y agravar las penas por proxenetismo, impulsada por el PSOE. Así se ha decidido después de que la Cámara haya rechazado la enmienda a la totalidad de la CUP, que había presentado un texto alternativo para legalizar el trabajo sexual y ofrecer alternativas a las personas que lo ejercen forzosamente. Por su parte, la iniciativa de los anticapitalistas ha recogido el apoyo de ERC, En Común, el PDeCAT y Ciudadanos, mientras que el PNV y Bildu se han abstenido y el resto de formaciones han votado en contra. El texto que se ha tramitado y seguirá su curso parlamentario, quiere modificar el Código Penal para agravar las penas para aquellos que "utilizando la violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determinen a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución". Por otra parte, las cupaires sostenían que esta medida no hace nada para mejorar la situación de las personas que seguirán ejerciendo la prostitución, sino que las vierte a la clandestinidad y no les ofrece alternativas para trabajar con más derechos y seguridad.
La CUP quiere distinguir entre los tipos de prostitución
Para la portavoz de CUP en esta materia, Mireia Vehí, la propuesta socialista "se enmarca en la lógica del abolicionismo punitivista", enfrente de la cual ha presentado su partido que, según ha explicado, se basa "en un marco pro derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual". A su juicio, el PSOE "no hace abolicionismo honesto", sino con "hasta electorialistas", porque no "plantea alternativas laborales" o "de vivienda", ni tampoco hablan "de tocar la ley de extranjería" o sobre "renta básica universal", solo de resolver esta cuestión "a través del Código Penal". En este sentido, ha advertido que el texto impide distinguir entre prostitución forzada y consentida "donante más fuerzas a los proxenetas" y que con la recuperación de la tercería locativa --que pena a quien alquile casas o locales para el ejercicio de la prostitución-- impide a las trabajadoras sexuales acceder a viviendas de alquiler para poder ejercer con seguridad, e "incluso podría penar a los hijos y a los cónyuges" de la mujer, para beneficiarse de sus ganancias ejerciendo su profesión. "Bajo un discurso de salvación de las mujeres, están poniendo cercos al movimiento feminista", ha advertido Vehí, y ha acusado al PSOE de "contribuir a la competencia entre colectivos para pasar un examen de pureza feminista". Los socialistas han recibido críticas similares por parte del colectivo LGTB+ a raíz del bloqueo a la ley Trans, fomentado por el ala feminista trans-excluyente del partido.
La alternativa de los nacionalistas
Para la portavoz socialista en el debate, Laura Berja, el discurso de Vehí es "muy preocupante", así como la enmienda de CUP que, a su juicio, "lo que hace es blanquear" e, incluso legalizar el proxenetismo. Según ha señalado la diputada, la formación catalana "parte de la premisa que la prostitución es un trabajo" una cosa con la cual, según ha indicado, el PSOE no está de acuerdo porque "no hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres" y si el consentimiento se compra es "subordinación". En el lado contrario se encuentra PNV, con el diputado Joseba Agirretxea, ha calificado de "valiente" el trabajo de la CUP y se ha unido a su discurso, en el sentido de que recurrir en la vía pena y, a su juicio, "la criminalización" de las mujeres prostitutas "no es la vía porque "aumenta la vulnerabilidad, la clandestinidad y el acceso a los derechos mediante el trabajo". El diputado, que ha calificado al PSOE como la "policía del karma" y lo ha acusado de tener una posición "tuteladora", ha explicado que su formación pedirá la creación de una subcomisión en el Congreso sobre la situación de la prostitución en España, con la finalidad de hacer "un diagnóstico veraz y consecuente" del tema y "legislar en consecuencia".
Aunque haya mostrado su apoyo a la iniciativa del PNV, a la diputada de ERC Pilar Vallugera, ha reconocido la dificultad en sacarla adelante porque, según ha indicado, el PSOE "no quiere debatir" ni "escuchar", mientras que su homóloga de Junts, Pilar Calvo, ha rechazado lo que considera una "limitación de derechos" por parte de los socialistas. Y, además, ha advertido que la "línea punitivista" que se ha aplicado en otros países está suponiendo "un aumento de violencia, los robos y las violaciones" de las trabajadoras sexuales. De la misma manera se ha expresado la portavoz del PDeCAT en esta materia, Concep Cañadell, que ha coincidido en el hecho que"les leyes prohibicionistas en otros países han comportado a una mayor vulnerabilidad de las personas del colectivo". Por eso, ve necesario "abordar un debate amplio sobre el tema".