La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes la ley que delega a la Generalitat las competencias en inmigración. Lo ha hecho con una nota sobre la mesa de los letrados de la cámara baja en la que argumentan que no hace falta emitir un informe porque ya hay suficientes precedentes que permiten tramitar la norma. Aunque PP y Vox defienden que esta delegación es inconstitucional, los servicios jurídicos apuntan que en anteriores legislaturas se han tramitado iniciativas del mismo tipo. Ahora, pues, la norma inicia su trámite parlamentario: el próximo paso será su toma en consideración en el Pleno; en caso de superar este paso, pasará a trabajarse en comisión; y después se aprobaría de forma definitiva en el hemiciclo.
La ley tiene delante de ella un horizonte repleto de obstáculos. Junts y PSOE tendrán que convencer al resto de socios incluso en la toma en consideración. Porque en aquella votación se necesita que Podemos —como mínimo— se abstenga, y actualmente este partido se encuentra anclado en el no con argumentos catalanófobos basados en la idea de que es racista que Catalunya gestione la inmigración, pero no lo es que la gestione España. Este martes, Pablo Fernández, uno de los portavoces de la formación morada, argumentaba que el pacto entre PSOE y Junts per Catalunya "no descentraliza competencias, sino que descentraliza el racismo". "Le pedimos a Junts que no esconda su racismo tras sus legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán", señaló en una rueda de prensa en la que aseveró que el posicionamiento de su partido ante el acuerdo entre socialistas y juntaires no se ha movido ni un milímetro.
Ahora mismo hay la duda —Podemos no lo aclara— si les podría hacer cambiar de opinión la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular que pide la regularización de aproximadamente medio millón de personas; es una reclamación de la formación morada aprobarla. El partido no fue determinante en su respuesta este lunes, aunque dejó esta puerta abierta: "Junts votó hace dos semanas en contra de una proposición no de ley que pedía esta regularización extraordinaria; dudo que en solo dos semanas Junts cambie de opinión; como es una hipótesis que Junts pase a decir sí a una cosa que dijo que no, nuestra posición respecto de este acuerdo es uno no rotundo".
Marlaska rebaja el pacto con Junts
Por otra parte, el Gobierno defiende la norma, aunque este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebajó el alcance del acuerdo. Aseguró que el PSOE "no ha hecho ninguna cesión" en materia de fronteras ni de control de los flujos migratorios irregulares, y aseguró que el conocimiento del catalán no podrá ser nunca un requisito para recibir el permiso de residencia en Catalunya.