El estado de derecho se basa en la división de poderes, y cuando el ejecutivo y el judicial se mezclan, saltan todas las alarmas. La mayoría del Congreso ha dejado en evidencia este miércoles la posibilidad de que la Fiscalía haya sido usada con "fines políticos", en medio de la nube de escándalos que han emanado de las cloacas del Estado a lo largo de las últimas semanas, cuanto al caso Lezo. Las comparecencias del ministro Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no han satisfecho a la oposición, quien ha hundido sus argumentos y ha exigido la destitución del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
En primer lugar, los grupos han atacado el hecho de que Maza escogiera como fiscal Anticorrupción la polémica figura de Moix, si era el único de los candidatos que no tenía experiencia en dicha especialidad. La "maniobra nada adecuada", en palabras del diputado de Ciudadanos, Nacho Prendes, se produjo meses después de la conversación que habrían mantenido el detenido Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde le señalaban como su preferido, e insinuaban que tenía números para ser escogido.
Así las cosas, Maza ha reivindicado que era el candidato "mejor", pues tenía un proyecto para atacar la corrupción "con vigor y valor" y una asociación de fiscales manifestó su apoyo. Por eso, se ha defendido de que no le pensaba destituir, ya que sería "cobarde" si cambiaba de opinión para conservar su cargo. Catalá, a su vez, ha asegurado que la conversación de Zaplana y González fuera demostrativa era "mucho aventurar". La crítica ha llegado como golpe para la Unión Progresista de Fiscales, mostrándose Maza "perplejo" porque advirtiesen de su contenido, que sería una filtración, echando así balones fuera.
Segundo, la oposición ha exigido aclarar el procedimiento por el cual se habría intentado relevar a Carlos Yánez de Anticorrupción, uno de los fiscales del caso Lezo. Maza ha hecho una pirueta dialectal y ha afirmado que el texto –de donde se intuye la voluntad de destituir a Yánez– se había malinterpretado. "Cuando un fiscal no quiere hacer una cosa, se le remueve para que lo haga otro" ha dicho, como si del procedimiento normal se tratara, y se hiciera así para aligerar la acción de la Justicia. Pero el número uno del Ministerio Público niega injerencias. "No se ha intentado a remover fiscales, que mantienen su puesto, ni castigar delito".
Precisamente, los grupos se ha indignado por la rebelión en la Fiscalía, que invocó el Estatuto fiscal durante la instrucción de la Lezo –uno de ellos fue Yánez–. Este sirve para alcanzar un consenso entre compañeros, cuando algún fiscal discrepa de las órdenes del superior. Pero la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha denunciado que era una "anomalía". Al respecto, Maza ha dicho que eso era no entender el funcionamiento del órgano. "Primero, queremos que discrepen de la opinión de su jefe, y cuando lo hacen, decimos que es una anomalía y lo ha hecho fatal", ha espetado el jefe de los fiscales.
A ello, se suma que el año 2001 Moix se negara inicialmente a unas investigaciones sobre el caso Canal, algo que fue interpretado como un bloqueo. "Están en prisión provisional los investigados del caso, ¿eso les pone intranquilos? Afirmar que un fiscal se negó y puso obstáculos es prevaricación, eso es un delito y lo más grave que se le puede decir. Se amparan en la inmunidad parlamentaria", ha sentenciado Catalá.
Sobre el hecho de relevar a los fiscales del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo –que de momento Maza ha paralizado- la crítica más instrumental ha sido señalada por el PSOE. Antonio Campo ha asegurado que era una operación que llevaba años de estudio y era de temática "difícil", de manera que quitar a los veteranos no sería la mejor opción. Catalá se ha amparado en el hecho de que renovar las instituciones era "positivo" y el fiscal general ha afirmado que en Anticorrupción era "muy sencillo" traspasar asuntos, porque todos los fiscales de este departamento estarían "altamente cualificados".
La última incógnita es el nombramiento de Maza. Se especula que Catalá no habría mantenido a su predecesora, María Consuelo Madrigal, porque se habría negado a nombrar a Moix. "Eso sólo instaura la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones", ha dicho Mikel Legarda, del PNV. Catalá le ha devuelto a la oposición que desconocían cómo funcionaba el aparato judicial. "Simplemente, Madrigal sustituyó a Torres Dulce con la excepcionalidad de que quedaba un año de legislatura, y se pensó en el perfil de Maza para una legislatura completa", ha cerrado.
La única petición que no ha recibido respuesta es por qué la Fiscalía "persigue con fines ideológicos", en palabras de la diputada de ERC, Ester Capella, la compra de urnas, si en Andalucía también se ha hecho y sirven para todo tipo de procesos electorales. Maza afirmó que no tocaba hablar de ese punto "sobre su comunidad autónoma" –es decir, Catalunya–.