Por cuarta vez en ocho años, el Congreso de los Diputados da el visto bueno a tramitar una reforma de la Ley de Secretos Oficiales a instancias del PNV. La formación jeltzale presenta la misma iniciativa desde 2016 y, aunque el PSOE siempre se ha mostrado dispuesto a estudiarla, la proposición ha acabado permanentemente en vía muerta y nunca se ha conseguido desencallar. El PNV confía en que la quinta sea la buena. El encargado de defender la reforma ha sido Mikel Legarda, que ha reclamado dar un “primer paso en la buena dirección para resolver una situación impropia de un estado que se dice democrático” y reformar una ley “de opacidad” que “responde a la lógica de un régimen autoritario”. El diputado jeltzale ha argumentado que, ante los “indicios” para “dudar de las intenciones del Gobierno” y habiendo visto “el escenario de bloqueo gubernamental” que se ha repetido sucesivamente, el PNV ha apostado por volver a presentar una iniciativa que sea “precursora del cambio” a fin de que el ejecutivo “no tenga la tentación de dejar morir el asunto como tantas otras veces”. En la pasada legislatura, la proposición de ley que impulsó el PNV también fue tomada en consideración, pero quedó arrinconada en un cajón después de 112 prórrogas del plazo de enmiendas. Por su parte, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de información clasificada que nunca llegó a la Cámara Baja.
🔎 Desclasificar el 23-F y los GAL: nuevo intento del PNV para reformar la ley de secretos oficiales
La principal novedad del texto del PNV es que la nueva ley fijaría un tiempo máximo de clasificación de 25 años para las materias secretas y de 10 años para las reservadas. En el caso de las secretas, añade que el Consejo de Ministros podría aprobar una “prórroga excepcional y motivada” de 10 años más. Asimismo, establece que, cuando la ley entre en vigor, las materias clasificadas que hayan cumplido los plazos de vigencia quedarán inmediatamente desclasificadas. Eso afectaría, por ejemplo, en los documentos relativos al 23F o a los GAL. Además, el PNV quiere reconocer que el “papel de control político” es de las Cortes Generales, disponer que una materia clasificada quede desclasificada si el Congreso o el Senado acceden en “sesión no secreta” y fijar que la clasificación quedará cancelada “automáticamente” cuando venza el plazo.
Junts, ERC y Bildu señalan la urgencia de reformar la Ley de Secretos Oficiales
Como estaba previsto, el PNV ha recibido la complicidad de la misma mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Desde Junts, Míriam Nogueras ha denunciado que todavía “haya leyes vigentes firmadas por un dictador” y ha alertado de que “el franquismo sigue impregnando muchas instituciones del Reino de España”. La portavoz juntaire en el Congreso, que ha puesto de relieve la “insistencia” del PNV para impulsar estas “reformas de fondo” y “enseñar el camino de como hacerlo”, no se ha ahorrado los dardos a Esquerra Republicana y ha lamentado que los socios del Gobierno de la pasada legislatura no lo empujaran a tomar “decisiones de calado”. También ha reclamado una modificación de la ley del CNI a fin de que los “jueces encargados de autorizar que se espíen móviles” tengan una limitación temporal del mandato, la eliminación de la Audiencia Nacional y la reforma del Tribunal de Cuentas, del Código Penal y del Tribunal Constitucional.
Francesc-Marc Álvaro, diputado de ERC, ha definido la actual ley como un “residuo tóxico y podredumbre estricta del franquismo” y un “anacronismo” que “nos obliga a vivir al pasado más siniestro y horrible” y que trata la ciudadanía “como súbditos”. Ha exigido al PSOE que, de una vez por todas, “active el botón” para rubricar una reforma que es “de justicia y de conciencia democrática” para “no vivir en el pasado siendo más zombis que ciudadanos”. Desde Bildu, Jon Iñarritu ha reprochado al PSOE que es uno “sin sentido” y que “no tiene ni pies ni cabeza” que todas las legislaturas se debata la misma iniciativa y ha reclamado la necesidad de modificar una “ley oscura, franquista y no garantista” que “priva a la ciudadanía de su derecho a la información y da acceso a la impunidad”. Iñarritu ha reprobado que el PSOE vote a favor, pero, a la hora de la verdad, no permita que salga adelante por “miedo” o por “presiones”.
Por su parte, Juan Carlos Jerez, diputado del PSOE, ha confesado que modificar esta ley es una “asignatura pendiente” y ha reiterado el compromiso de los socialistas para “profundizar y mejorar los estándares democráticos”. Asimismo, ha reconocido que no es fácil “encontrar el equilibrio entre la clasificación de la información por motivos de seguridad o de defensa del estado” y el “derecho de la ciudadanía a la información”.