El Congreso de los Diputados confía en que la segunda es la buena. La mesa de la comisión de investigación sobre los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils ha aprobado este miércoles solicitar formalmente al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al 17-A, algo a lo que se comprometió a finales de septiembre. La cámara baja ya dio el paso en ese momento con la aprobación del plan de trabajo, que para Junts era suficiente para que la Moncloa actuara, y ahora ha insistido después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, alegara un error formal por defender la imposibilidad que ha habido hasta ahora de levantar el secreto que todavía pesa sobre esta cuestión. Fuentes de la mesa relatan a ElNacional.cat que no hay un calendario fijado, pero subrayan su voluntad de que los diputados puedan disponer de toda la información en el mes de enero. La cuestión quedará ahora encima de la mesa del Consejo de Ministros, que es el órgano que tendrá la última palabra. “Veremos si van de verdad”, apuntan las mismas voces.
“No se pidió adecuadamente una documentación que está tipificada como secreta”, esgrimió ayer Margarita Robles. “En el momento que ustedes pidan la desclasificación, no tengan ninguna duda que esta desclasificación se producirá”, defendió al ser preguntada por esta cuestión por el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, durante la sesión de control al Gobierno. La ministra de Defensa pidió que se siga “el procedimiento que establece la ley y que la comisión pida la desclasificación”. Y esto es lo que se ha reiterado hoy. Preguntado por esta cuestión en los pasillos del Senado, el entorno de la ministra insistía a ElNacional.cat que la comisión de investigación del Congreso no pidió correctamente la información y reiteraba el convencimiento de que la inteligencia española no tuvo nada que ver con los atentados.
Fue hace quince días cuando se supo que el Gobierno no había aportado la información relativa al 17-A. El Ministerio de Defensa contestó a la comisión de investigación que el Consejo de Ministros no había desclasificado los documentos relativos a los ataques terroristas y que, por lo tanto, la información solo podría ser consultado en la Comisión de Secretos Oficiales, que se reúne a puerta cerrada. En aquel momento, Junts dejó claro que no aceptaba esta posibilidad, dado que reclamaban “luz y taquígrafos”. Fuentes del Gobierno consultadas por ElNacional.cat replicaron que la voluntad seguía siendo la “misma”, insistieron que la desclasificación llegaría y enmarcaron el hecho de que todavía no se haya hecho a una cuestión de plazos.
Junts pone prisa al Gobierno: “¿Es una burla? ¿Qué caramba esconden?”
Desde que se supo que el Gobierno frenaba la desclasificación de la información, Junts ha subido la voz contra el incumplimiento de la Moncloa. El último a pronunciarse fue Eduard Pujol. “Estamos hartos de cloacas, mentiras y chapuzas”, lanzó a Margarita Robles durante el pleno del Senado, recordándole que el Gobierno se comprometió hace más de dos meses. “¿Nos dirán algo? ¿Es una burla? ¿Qué caramba esconden? ¿Por qué al Gobierno siempre le tiemblan las piernas cuando se trata del ejército y las cloacas?”, le preguntó el líder de los juntaires en la cámara alta.
En la misma línea se expresó hace días la diputada Pilar Calvo en la primera sesión de la comisión. “Esta comisión nos tenía que poner en camino hacia la verdad y lo está haciendo, destapando una verdad incuestionable: que cuando es Catalunya el que sufre el terrorismo, el Estado no le reconoce el derecho a la verdad”, lamentó. Y lanzó dos interrogantes en el aire: “¿Por qué no se han desclasificado los documentos pactados que se había dicho que se desclasificarían? ¿Qué verdades incómodas se esconden?”. “Estamos hartos de que cuando se trata de Catalunya unos tapen las vergüenzas a los otros”, reiteró.
¿Qué documentación solicitó la comisión?
El plan de trabajo que se aprobó detallaba qué información se solicitaba al CNI. Recogía que la comisión “recaudará del Gobierno” todos los “documentos, informes, antecedentes o datos que haga falta” para “investigar, aclarar y analizar las actuaciones e informaciones” relacionadas con el 17-A y solicitará al Consejo de Ministros la “desclasificación de información reservada o secreta” en relación con los atentados. Este es el paso que la Moncloa todavía no ha dado. El documento detallaba que se solicitaría al CNI, entre otros documentos, el registro de visitas al imán de Ripoll en la prisión de Castellón por parte de miembros de los servicios secretos y las transcripciones de las entrevistas mantenidas por miembros de la inteligencia española con él.
“Se podrían haber evitado avisando a los Mossos” y “se abandonó la seguridad”
Justo esta mañana, han comparecido en la comisión de investigación José Manuel Villarejo (comisario jubilado de la policía española), José Antonio Nieto (exsecretario de Estado de Seguridad) y José Manuel García-Margallo (exministro de Asuntos Exteriores). Villarejo ha asegurado que los atentados “se podrían perfectamente haber evitado simplemente avisando los Mossos”. “Nunca dije que el Estado lo provocó, he dicho que pudo evitarlo. Creo que se trata de una imprudencia o una negligencia, más que un deseo de no evitarlo”, ha sostenido. Por su parte, el exnúmero dos de José Ignacio Zoido ha culpado de los atentados al Govern de la Generalitat por haber “abandonado” la seguridad: “Los recursos se pusieron en otro sitio, se priorizaron otras cosas y se dedicaron prácticamente todos los recursos al independentismo”, ha argumentado. Y ha sostenido que eso hizo que “se olvidaran funciones fundamentales para la seguridad de los catalanes como evitar un atentado terrorista”.