El Consejo Deportivo de l'Hospitalet tenía una caja B de medio millón de euros, según publica este jueves el diario NacióDigital. El medio afirma que la entidad, investigada por la Unidad de Delincuencia Económica (Udef) de la policía española, falsificaba actos de asambleas para justificar este dinero opaco, con el cual se pagaban retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos.
Así, y siempre según el medio, presentaba actos diferentes a la Generalitat y a las entidades integrantes del ente. En las de la Generalitat se reconocían balances contables que duplicaban las cifras que aparecían a las otras actas, presuntamente las reales. Ahora hace un mes la policía detuvo a dos concejales del PSC y el director del ente en el marco de la investigación.
Por su parte, el director del Consejo Deportivo, Eduard Galí, habría reconocido a los miembros de la Udef que la práctica de elaborar los dos documentos diferenciados se hacía como práctica habitual para no tener que justificar en el Ayuntamiento todos los movimientos económicos.
300.000 euros de subvenciones
Dado que el Consejo Deportivo de l'Hospitalet es formalmente una entidad privada sin ánimo de lucro -aunque recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas, afirma el medio- la Generalitat no verifica la información que recibe del ente. El objetivo de la entidad es la organización de actividades deportivas en edad escolar.
Además, la Udef habría intervenido 1.945 euros en una caja del despacho de Galí y un sobre en su domicilio con 1.260 euros que provendrían de un Ampa, hecho que reforzaría la hipótesis que la entidad recibiría ingresos que no declaraba y con destinación tampoco manifestada.
Sin embargo, según la investigación el dinero se utilizaría, principalmente, para pagar monitores y otros colaboradores de actividades deportivas, así como el coste de organizarlas o pagar sueldos y dietas a trabajadores. El fraude consistiría en hacer los pagos en negro sin los impuestos ni las retenciones pertinentes.
Por todo ello se investiga a los dos concejales del PSC y el director del ente por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.