La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CE), Dunja Mijatovic, ha trasladado su preocupación a España por las "crecientes condenas" a prisión a artistas y activistas los últimos años. "Varias disposiciones del Código Penal español tienen un impacto negativo, incluido un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho de importancia crucial para un debate público libre y plural", dice la comisaria por carta al Gobierno dónde le reclama una reforma de los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha replicado al CE que pretenden revisarlo, pero que todavía están estudiando la propuesta de reforma.
El rapero Pablo Hasél / ACN
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CE), Dunja Mijatovic, envió una carta al gobierno de Pedro Sánchez el pasado 11 de marzo para alertar de sus "preocupaciones" sobre el impacto de algunos delitos del Código Penal español en "los estándares de derechos humanos internacionales".
La ambigüedad del delito de enaltecimiento al terrorismo
Mijatovic asegura que el delito de enaltecimiento del terrorismo en España es "problemático" porque la definición es "ambigua e imprecisa", lo cual ha generado "interpretaciones divergentes" en los tribunales españoles, algunas contrarias a los "estándares internacionales de libertad de expresión".
"Algunas decisiones judiciales en España no han determinado correctamente que el enaltecimiento del terrorismo comporte realmente un riesgo real, concreto e inminente de peligro", lamenta la comisaria. También critica que los magistrados españoles interpreten de manera "abstracta" la intención de los acusados, sin tener en cuenta el "contexto" y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"La legislación antiterrorista sólo se puede aplicar al contenido o a las actividades que implican directamente el uso o la amenaza de violencia con la intención de propagar el miedo y provocar terror", subraya. En este sentido, avisa de que "un mal uso" de las legislaciones en materia de terrorismo puede generar restricciones "desproporcionadas" de la libertad de expresión", especialmente cuando castigan comentarios que "no hacen apología del terrorismo, sino que incitan otras formas de violencia" o son "políticamente incorrectos".
Injurias a la corona
La comisaria de Derechos Humanos también ve con preocupación el delito de injurias a la corona y pide al Gobierno que lo reforme en línea de los estándares europeos de derechos humanos. En particular, Mijatovic reclama a Sánchez que tenga en cuenta la sentencia del TEDH sobre quemar fotografías del rey en Girona (Stern Taulats i Roura Capellera contra España) que establecía un margen amplio de crítica para los representantes públicos.
"El TEDH consideró que las críticas políticas a autoridades y personalidades públicas, aunque sean provocadoras y radicales, no se pueden considerar como discurso de odio o incitación a la violencia", recuerda Mijatovic.
El discurso de odio, ofensas religiosas y la difamación
Aparte de poner énfasis en la reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona, en el centro del debate público en España, desde el Consejo de Europa también ven problemáticos los delitos de discurso de odio, ofensas religiosas y la difamación.
Mijatovic considera "excesiva" la interpretación que hacen los jueces españoles de la noción de discurso de odio y teme que afecte a la libertad de expresión en España. Por eso, ve "crucial" restringir este delito sólo para "la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia que incitan a la discriminación, la hostilidad y la violencia".
Por otra parte, la comisaria de Derechos Humanos insta al gobierno de Sánchez a "despenalizar las ofensas religiosas", ya que pueden limitar la libertad de expresión y "dificultar un debate plural" en el Estado. De la misma manera, exige despenalizar la difamación porque, tal como establece el alto tribunal de Estrasburgo, el solo hecho de que se puedan aplicar sanciones puede perjudicar la libertad de expresión.
Mijatovic ve necesarias todas estas reformas para "reforzar" la libertad de expresión en España y "facilitar" que los tribunales españoles tomen decisiones en línea con la jurisprudencia de Estrasburgo. "También demostraría el compromiso del Gobierno para proteger la libertad de expresión", remacha al final de la misiva.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admite que "la regulación de algunos delitos relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas, sobre todo por la imprecisión en la definición de la conducta delictiva". Así, asegura a la comisaria que a principios de febrero ya anunciaron su intención de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a las instituciones del estado, "entre otros". Por lo tanto, no concreta si también revisará los delitos de discurso de odio, ofensas religiosas y la difamación, tal como pide la comisaria.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo / Europa Press
"Le manifiesto mi sintonía y la del Gobierno con las preocupaciones que usted muestra en la carta y mi deseo de que podamos sacar adelante una reforma de estos delitos que contribuya a mejorar todavía más el legítimo ejercicio de la libertad de expresión", afirma Campos en la respuesta enviada el pasado 18 de marzo.
La reacción de Puigdemont
Por su parte, el president en el exilio, Carles Puigdemont, ha pedido que esta advertencia del Consejo de Europa "tenga consecuencias inmediatas", ya que es lo que considera que haría "cualquier democracia avanzada".
"Que se dejen de proclamas y retórica vacía, y que retiren de la circulación los obstáculos amenazadores", ha dicho Puigdemont en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Foto principal: El exterior del Consejo de Europa en Estrasburgo / ACN