El estado español, bajo la lupa. El Consejo de Europa está visitando estos días Catalunya para analizar si España cumple la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, un tratado europeo firmado y ratificado en 2001 por el cual se comprometía a promover y proteger el catalán, junto con otras lenguas del Estado, como el vasco y el gallego. Tras haber recibido un primer informe del Gobierno, ahora el Consejo ha dado el siguiente paso, que es escuchar las valoraciones de los actores implicados, para después emitir un informe con una serie de recomendaciones. El periodo analizado se alarga desde 2017 hasta 2021. También se visitará el País Valencià y las Illes Balears para conocer la situación del catalán en estos lugares, y en Catalunya se estudiará la realidad del aranés.
El grupo de expertos europeos ha sido encabezado por neerlandés Gerard-René de Groot. "España prometió proteger el catalán a un nivel muy alto y estamos analizando si eso pasa", ha explicado. A lo largo de esta mañana, el Consejo se ha reunido con representantes que defienden el catalán para "constatar si están contentos con la implementación de la Carta o si tienen dudas". La delegación europea se ha encontrado con miembros del Govern, de la Sindicatura de Greuges y del Institut d'Estudis Catalans, así como con entidades como Plataforma per la Llengua, la Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, Òmnium Cultural, la Fundació.Cat, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana y la Associació de Publicacions Periòdiques en Català. El informe que elaboren los expertos se presentará ante una sesión plenaria del Consejo el próximo mes de junio, y se entregará posteriormente al Gobierno. En septiembre se hará público y accesible.
El jefe del grupo de expertos no ha querido adelantar las prioridades del Consejo, pero sí que ha revelado que los actores en defensa de la lengua han destacado dos ámbitos en los que preocupa especialmente el cumplimiento de la Carta: la educación y la justicia. "Hemos recibido muchas quejas con respecto a estos campos, pero también a otros. Durante el interesante encuentro con los representantes, nos han pedido centrar la atención sobre muchos aspectos", ha dicho. Con respecto a educación, por ejemplo, ha recordado que el Estado no ha acabado de garantizar la permanencia del modelo de inmersión lingüística.
La denuncia del Govern y las entidades
El Govern y las entidades en defensa del catalán han aprovechado la ocasión para transmitir sus preocupaciones al Consejo de Europa. Desde la Generalitat, el secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha alertado de los "incumplimientos" del Estado para proteger la lengua en los dos campos prioritarios, la educación y la justicia. Así, ha resaltado el riesgo que suponen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre el castellano en las escuelas. "Las instituciones y la sociedad catalana estiran en la dirección de normalizar la lengua catalana y, muchas veces, lo que encuentran son tropiezos y obstáculos con las autoridades españolas", se ha quejado.
Mientras tanto, representantes de las asociaciones han mencionado algunos de los demás campos que preocupan, como son salud, cultura, etiquetado de productos y cuestiones transfronterizas. Así, han denunciado que el Estado "vulnera sistemáticamente y de forma íntegra" la Carta, lamentando que a menudo "no apoya a las lenguas que no son el castellano" y tiene una actitud "beligerante" hacia el catalán y las demás lenguas minoritarias.
Incumplimientos significativos en las anteriores evaluaciones
La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias es una convención internacional pensada para proteger a las lenguas propias de Europa que no son lengua de estado en varios ámbitos, incluidos la enseñanza, los medios de comunicación, el ámbito laboral o la onomástica. Sin embargo, en el caso de Catalunya, las anteriores evaluaciones de los expertos han puesto de manifiesto numerosas carencias en la protección de los derechos lingüísticos reconocidos para el catalán, ya sea por desigualdades legales o por interpretaciones sesgadas de la normativa vigente. Concretamente, las recomendaciones del Consejo de Europa derivadas de los informes de los expertos han hecho notar repetidamente la necesidad de que el estado español modifique su legislación en el ámbito de la justicia para respetar los derechos lingüísticos reconocidos por la Carta.