El juicio al procés deberá pasar este lunes el escrutinio del Consejo de Europa. La Asamblea Parlamentaria del Consejo debatirá y votará esta tarde el informe en que se reclama la puesta en libertad de los presos políticos y la finalización de la persecución de los políticos exiliados. Será la primera valoración política sobre el juicio abordada en profundidad en una institución de ámbito europeo.

El informe, bajo el título ¿Tienen que ser juzgados los políticos por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato?, se centra en el caso de Turquía y también en el de España, a raíz de la persecución contra los líderes del procés y el juicio a los responsables del 1-O. El debate en el Consejo de Europa se hará pocas horas después del acto que protagonizará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Liceu de Barcelona para exponer su propuesta sobre los indultos a los presos políticos.

Protestas desde España

El análisis que plantea el informe del Consejo de Europa sobre el proceso judicial contra los políticos independentistas provocó que el viernes pasado tres asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente reclamaran al Gobierno en una declaración conjunta que ponga en marcha los instrumentos diplomáticos necesarios para impedir que la declaración se apruebe en los términos en qué llegará hoy al plenario.

De hecho, el informe se aprobó el pasado 3 de junio en la Comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos a pesar de las presiones de los diputados españoles y en medio de las protestas del ministerio de Exteriores, que emitió una nota maquillando el contenido del texto.

Las presiones han continuado y, más allá del preceptivo trámite de enmiendas, se han registrado iniciativas, como la carta que la eurodiputada Maite Pagazaurtundua y la diputada en el Congreso de Cs Sara Giménez hicieron llegar la pasada semana al presidente de la Asamblea, Rik Daems, y a los diputados que la integran. En la carta, las dos diputadas reclaman la retirada del informe, el cual aseguran que presenta una versión "sesgada, parcial e interesada" de los hechos; cuestionan a su redactor, el socialdemócrata letón Boris Cilevics, así como el duro memorándum que acompaña el texto.

 

¿Pero qué dice el informe que hoy se debatirá en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa? El documento parte de la defensa "primordial" en una democracia de la libertad de los representantes políticos para llevar a cabo su trabajo, con plenas garantías para la libertad de expresión y reunión. A partir de unas consideraciones de carácter general, aborda los casos de Turquía y España.

En el caso del Estado español, repasa los acontecimientos que han llevado al encarcelamiento de los responsables políticos del 1-O y los líderes sociales independentistas, así como la persecución de los exiliados con euroórdenes y los casos abiertos contra otros políticos que les han sucedido o contra funcionarios de rango inferior implicados en el 1-O.

Como conclusión de todo ello establece una serie de recomendaciones a los Estados miembros del Consejo para garantizar que todos los responsables políticos disfruten de la libertad de expresión y reunión en el derecho y en la práctica.

Indultar o liberar

En el capítulo de recomendaciones dedicado a España, insta, en primer lugar, "a reformar las disposiciones penales relativas a la rebelión y la sedición". Especifica que esta reforma se tiene que hacer de manera que no puedan dar lugar a una interpretación que convierta en inoperante la despenalización de la organización de un referéndum que se aprobó en el 2005 ni tampoco dé pie a sanciones desproporcionadas por infracciones no violentas".

El segundo punto plantea la necesidad de "considerar la posibilidad de indultar o liberar de otra manera a los responsables políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre del 2017 y de las manifestaciones pacíficas de gran envergadura que lo acompañaron", así como "poner fin a los procedimientos de extradición de los responsables políticos catalanes que viven en el extranjero investigados por los mismos motivos".

Retirar los juicios en curso

Igualmente pide "retirar los juicios todavía en curso también contra funcionarios de rango inferior implicados en el referéndum del 2017 y abstenerse de sancionar a las personas que han sucedido a los responsables políticos encarcelados por los actos simbólicos que simplemente expresaban su solidaridad con las personas detenidas".

Hay también una referencia al delito de malversación de caudales públicos, que ahora ha desembocado en la persecución activada por el Tribunal de Cuentas, y pide "garantizar que la disposición penal relativa a la malversación de fondos públicos sea aplicada de manera que la responsabilidad sólo recaiga sobre las pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto estatal o de sus activos que puedan ser establecidas".

Indultos sin arrepentimiento

Por lo que respecta a la concesión del tercer grado o los indultos reclama "abstenerse de exigir a los responsables políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de ser indultados". No obstante admite que "se les puede requerir que se comprometan a continuar sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales".

En último lugar, el proyecto de resolución reclama "establecer un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de fuerzas políticas de Catalunya, incluyendo aquellas que se oponen a la independencia con el fin de reforzar la calidad de la democracia española, uno de los Estados más antiguos de Europa, por la autoridad del Estado de derecho, la buena gobernanza y el respeto total a los derechos humanos, sin tener que recurrir a la vía penal, pero con pleno respeto al orden constitucional de España".

Políticos perseguidos y condenados

Estas son las conclusiones. Previamente en la exposición de motivos, el informe "reconoce que España es una democracia vibrante, con una cultura de debates públicos libres y abiertos, y que la simple expresión de puntos de vista pro-independentistas no da pie a persecuciones legales".

No obstante, añade que "muchos altos responsables políticos catalanes han sido perseguidos y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros crímenes, entre otras razones por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato político en favor del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Catalunya organizado en octubre del 2017 —sobre la base de las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament en septiembre de 2017 y declaradas inconstitucionales por el TC— y que llamaban a participar a las manifestaciones de gran envergadura".

Sin violencia

El texto considera "indiscutible" que ninguno de los responsables políticos del 1-O hizo ninguna apelación a la violencia. "Al contrario", subraya al tiempo que recuerda que en diferentes ocasiones centenares de miles de personas se concentraron sin que se produjera el más mínimo incidente violento, un mérito que atribuye también a la moderación de las fuerzas policiales catalanas y españolas.

Sedición

El texto celebra vivamente los debates que ya está habiendo sobre los delitos de rebelión y sedición y atribuye la tipificación de estos delitos en España a la "respuesta a las frecuentes tentativas de los militares de tomar el poder en el pasado", por lo cual subraya las dudas que plantea su aplicación a los organizadores del referéndum. Eso ha obligado, según se subraya, a nuevas interpretaciones durante el juicio como la noción de "violencia sin violencia" que planteó la Fiscalía, según la cual, el gran número de manifestantes concentrados ejercía una presión psicológica sobre los policías, así como la interpretación "muy amplia" que hace de "el levantamiento tumultuario", que exige el delito de sedición.

La resolución de la comisión constata asimismo que incluso después de la condena de los responsables políticos catalanes de primer rango implicados en el referéndum del 2017, "las autoridades judiciales españolas han perseguido también a los líderes catalanes que les han sucedido y funcionarios catalanes de rango inferior han sido implicados". Además, recuerda que "las autoridades españolas intentan conseguir la extradición de los responsables políticos catalanes residentes en otros países europeos, a pesar de las diferentes sentencias en contra en Alemania, Bélgica y Gran Bretaña. No obstante, destaca como nota positiva la absolución de los miembros de la sindicatura electoral y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El texto se refiere también a las repetidas argumentaciones de jueces y fiscales a la falta de arrepentimiento o de reinserción a la hora de retirar a los presos políticos los beneficios penitenciarios que se les había concedido. "Según algunas informaciones, las autoridades españolas han subordinado la aplicación del régimen carcelario más flexible habitualmente otorgado a delincuentes no violentos o el examen de un indulto a la expresión de los detenidos de arrepentimiento por sus acciones y/o un compromiso de no cometer otros crímenes, como es el caso de todas las personas condenadas por la legislación española", alerta.

 

En la imagen principal, el edificio del Consejo de Europa en Estrasburgo / ACN