El Consejo de Europa, y más concretamente su Comité Europeo de Derechos Sociales, ha condenado a España por la situación en la Cañada Real, el conocido poblado de viviendas de autoconstrucción a las afueras de Madrid, y especialmente ha puesto el foco en la falta de un suministro energético adecuado, que sea "estable, constante y seguro". Así lo constata en el fallo, conocido este miércoles, en el que se señala que el Estado vulnera en la Cañada Real los derechos de la Carta Social Europea, porque unas 4.500 personas, 1.800 de ellas menores, llevan más de cuatro años sin luz. El texto asevera que el acceso "irregular o nulo" al suministro eléctrico de manera prolongada aboca a estas personas a una "preocupante" pobreza energética.
En su decisión, el Consejo de Europa —organismo por los derechos humanos con sede en Estrasburgo que no tiene relación con la Unión Europea— considera que cuando los estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden "subcontratar" sus obligaciones en materia de derechos humanos. "Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado", subraya el fallo, adoptado por el Comité de Derechos Sociales en sesión plenaria en Estrasburgo el pasado 11 de septiembre. Un pronunciamiento que responde a la demanda colectiva presentada en marzo de 2022 por organizaciones sociales y el sindicato CCOO.
En concreto, el Consejo de Europa señala que la situación de la Cañada Real viola los artículos 11.1 y 11.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos, que instan a garantizar la salud de los ciudadanos, y del artículo 31.1, que obliga al Estado a adoptar "medidas adecuadas" para "garantizar la vivienda de un nivel adecuado para las personas interesadas". Igualmente, recalca que las viviendas que carecen de servicios básicos como el acceso a la electricidad y a la calefacción no puede considerarse "adecuadas", puesto que señala que esta energía es "esencial" para la calefacción, iluminación, lavado, cocinar y refrigerar.
También apunta que las medidas adoptadas en relación con el realojamiento fueron, a falta de otras medidas, "insuficientes" en términos de garantizar el disfrute del derecho a la vivienda en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Carta. En esta misma línea, indica que España no ha adoptado medidas "adecuadas" para garantizar que los afectados de los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfrutan de su derecho a vivienda, lo que constituye una violación del artículo 31, apartado 1, de la Carta. A su vez, el fallo del Consejo de Europa hace referencia a la participación de las familias o las asociaciones que las representan. Estos añade que tienen que tener la oportunidad de expresar sus opiniones y participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas, estrategias y medidas que les impactan.
Un debate político candente
La proveedora de energía en la Cañada Real, Unión Fenosa, del grupo Naturgy, cortó el suministro eléctrico del barrio en octubre de 2020. La compañía eléctrica justificó el corte alegando una sobrecarga de la línea provocada por enganches ilegales y, de hecho, atribuyó el uso de esta energía al cultivo de marihuana. La cuestión se ha convertido en un debate candente en la Asamblea de Madrid, donde la oposición de izquierdas, Más Madrid, ha reprochada inacción a las autoridades de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP.