El Comité de Expertos del Consejo de Europa ha sido tajante y recomienda a las autoridades españolas que cumplan todos los compromisos establecidos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que no se consideran "completos", entre otros los que afectan a la situación del catalán en Aragón. Concretamente, el análisis insta al gobierno autonómico del PP (ahora sin los ultras de Vox) de Jorge Azcón a "incluir el nombre del catalán en el Estatuto de Autonomía" y a "tomar medidas inmediatas y decididas, en cooperación con los hablantes, para proteger y salvaguardar el catalán y su cultura". Estas dos recomendaciones, según el informe, tendrían que ser de acción inmediata y, por lo tanto, son urgentes y el gobierno aragonés se tendría que poner a ello.
Estas indicaciones cierran un contundente informe en que los expertos del Consejo de Europa alertan sobre el abandono del catalán en una comunidad donde su uso ha sido milenario. El informe alerta que "las necesidades y deseos de los hablantes del catalán ya no se tienen en cuenta" en esta comunidad, cosa que se añade a una reducción “drástica” de los fondos para la promoción de la lengua, que tiene 55.000 usuarios. El informe recomienda al gobierno de Azcón una serie de medidas como "elaborar, en colaboración con los hablantes, un plan de acción para la protección, uso y promoción del catalán" al mismo tiempo que le recomienda aportar una "financiación específica" a las "entidades que den apoyo a la protección y promoción" del catalán, "reforzar el papel" de la Academia Aragonesa de la Lengua y "apoyar el uso y la presencia del catalán" en los medios de comunicación de la comunidad.
Una advertencia que viene de lejos
En Aragón hay un órgano, llamado el Justícia, que es una de las cuatro instituciones básicas que configuran la Comunidad Autónoma de Aragón, junto con las Corts, el Presidente y la Diputación General o Gobierno. Es precisamente esta institución, que podría ser equivalente a un Síndic de Greuges, que ya instó hace tres meses al gobierno autonómico a utilizar las líneas presupuestarias de actuación para los bienes inmateriales del patrimonio cultural para financiar intervenciones en materia de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
El Consejo de Europa, contra el 25% de castellano en las escuelas catalanas
Por su parte, este mismo estudio se posiciona en contra de las sentencias judiciales que obligan a un mínimo del 25% de las clases en castellano en las escuelas de Catalunya. El órgano europeo para la promoción de la democracia y los derechos humanos considera que esta imposición judicial infringe los compromisos que España ha suscrito para proteger las lenguas como país firmante de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En su informe de evaluación de España sobre la mencionada carta, los expertos de este organismo se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a causa de las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una lengua o la otra como vehicular en la educación catalana.