El Consejo de Europa ha pedido que Andorra permita a los extranjeros votar en elecciones locales, según se expone en el informe del sexto ciclo de evaluación que ha hecho público la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Concretamente, ha recomendado "a título prioritario" que permita a las personas sin nacionalidad residentes el derecho al voto y a la elegibilidad en las elecciones locales. Si bien el informe destaca los avances hechos por el Principat desde la última evaluación el año 2016, también incluye once recomendaciones para implementar de cara a la siguiente evaluación.
Así, también ha pedido a Andorra que mantenga los esfuerzos para ofrecer vivienda social y asequible "con la máxima determinación" y que intensifique las iniciativas para dar apoyo a los ciudadanos extranjeros en situaciones vulnerables. Es de esta manera que el Consejo de Europa ha afirmado tener "reservas" sobre el requisito de cinco años de residencia para tener derecho a acceder a una vivienda social, motivo por la cual ha animado a las autoridades andorranas a revisar esta condición para garantizar un acceso equitativo para todo el mundo.
Tirón de orejas por el trato a los extranjeros
El ECRI ha constatado con "preocupación" que trabajadores migrantes del Perú y de otros países de la América Latina se han visto afectados por prácticas abusivas, por parte de empresas del sector de la construcción y obras públicas. Igualmente, ha señalado que mujeres migrantes del servicio doméstico y los trabajadores de temporada pueden estar especialmente expuestos a los "riesgos de explotación" porque están poco informados de sus derechos en materia laboral o no se atreven a enderezarse a los servicios de inspección del trabajo. Es por eso que ha recomendado que las autoridades den "pleno apoyo" a los servicios de inspección del trabajo en sus misiones, con bastantes recursos para actuar eficazmente en la eliminación y la prevención de todo tipo de racismo y de discriminación racional en el ámbito laboral —especialmente, en los sectores vinculados al turismo y a la construcción.
Finalmente, el informe recoge la petición para que el Raonador del Ciutadà (el defensor del pueblo) vea reforzado su estatus y competencias, así como para que se cree un grupo de trabajo interinstitucional para desarrollar un marco regulador para combatir "eficazmente" los discursos de odio racistas y LGTBIfóbicos —sobre todo en las redes sociales—. En positivo, ha destacado la Ley de los Derechos de la infancia y la Adolescencia, la aceptación de las personas LGTBI en el país y el hecho de que el plan de salud pública cubra completamente los gastos de la atención a la afirmación de género de las personas trans.