El Consejo de Europa se ha posicionado en contra de las sentencias judiciales que obligan a un mínimo del 25% de las clases en castellano en los colegios de Catalunya. El órgano europeo para la promoción de la democracia y los derechos humanos —sin relación con la Unión Europea— considera que esta imposición judicial infringe los compromisos que España ha suscrito para proteger las lenguas como país firmante de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En su informe de evaluación de España sobre dicha carta, los expertos de este organismo se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a causa de las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una u otra lengua como vehicular en la educación catalana.

Los expertos europeos recuerdan que cuando España suscribió esa carta —algunos países miembros del CE como Francia no han querido hacerlo para no estar obligada a garantizar a ninguna otra lengua, aparte del francés— optó por "el máximo nivel de protección". Eso implica que la lengua minoritaria o propia de un territorio debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las diferentes asignaturas, con la única excepción de las clases de lengua española y de lenguas extranjeras como el inglés o el francés. "Fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro escolar es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta", señala el CE.

Con todo, para el comité de expertos encargados de la evaluación, ese principio debe aplicarse de forma "flexible", y teniendo en cuenta que el preámbulo de la carta establece que la protección de las lenguas regionales o minoritarias "no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de que se aprendan". Además, señala que en algunas escuelas, por sus circunstancias sociolingüísticas, el uso del castellano puede ser necesario para garantizar el aprendizaje de los alumnos. Si bien el CE reafirma que no se debe fijar un porcentaje mínimo de educación ne castellano.

 

Un "deterioro" en el País Valencià, Balears y Aragón

La polémica resurgió con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que a finales de 2020 estableció que los centros escolares allí tenían que impartir un mínimo del 25 % de las clases en castellano, lo que contraviene el modelo de inmersión lingüística, en la que el catalán es la lengua vehicular en las aulas de Catalunya. Si bien, los expertos del Consejo de Europa no se limitan tan solo al caso catalán y cargan también contra la acción de los gobiernos de Aragón, Illes Balears y el País Valencià, todos ellos del PP, porque constatan allí "un deterioro de la situación" en el uso de su lengua propia, con "medidas que dificultan" el cumplimiento de las obligaciones de la carta.

Critica que la Justicia y la Administración del Estado solo trabajan en castellano

Aparte de las escuelas, el Consejo de Europa señala como una cuestión pendiente que la legislación actual o la interpretación que de ella se hace "no garantiza" que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales del Estado, y aunque admite que no hay datos generales, "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes. Es más, añaden, la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" en catalán, euskera o gallego.

El Consejo de Europa critica también la situación en la Administración General del Estado en los territorios con lengua propia, porque la proporción de la plantilla que tiene un conocimiento para poder trabajar con ella "sigue siendo demasiado baja y muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles solamente en castellano". "Hay que hacer más esfuerzos para asegurar la presencia de todas las lenguas regionales, especialmente en la policía y en los servicios de salud, a pesar de que también en otros campos como los procesos de licitación con empresas privadas, que generalmente no incluyen requisitos lingüísticos específicos", destacan los expertos europeos. Aun así, el Consejo de Europa estima que el sistema de protección de las diversas lenguas presentes en el Estado está "bien desarrollado" y destaca como positivo que se pueden utilizar las lenguas cooficiales desde 2023 en el Congreso y en el Senado.

Insta al Gobierno a implicarse en la promoción del catalán en las plataformas de streaming

Para el Consejo de Europa, la oferta de programas de televisión o de radio en las lenguas cooficiales es "generalmente satisfactorio", aunque no en la televisión pública estatal, Televisión Española, donde la considera "escasa". Los expertos también instan al Estado a que haga esfuerzos por promover las lenguas cooficiales en las plataformas internacionales de streaming y que no quede tan solo en manos de los gobiernos autonómicos.  El objetivo es que "estén mejor reflejadas todas las lenguas regionales y minoritarias habladas en el territorio español en todo tipo de medios". 

El caso del País Valencià

El comité de expertos se muestra muy cauto sobre la controversia por llamar algunas lenguas de forma diferente en función del enfoque, en una alusión que se refiere en particular al uso del término valenciano para referirse al catalán que se habla en el País Valencià. Sabedor de la sensibilidad sobre esa cuestión, explica que ha decidido "adoptar un enfoque en el que el nombre de la lengua elegida y su identidad no obstaculicen la plena aplicación de la carta". En cualquier caso, tras recordar que su mandato es evaluar si todas las lenguas protegidas por ese texto internacional reciben la protección sobre la base de los compromisos de España, reconoce que "le preocupan las situaciones en las que una lengua con dos nombres diferentes crea problemas para la protección de la lengua".