Sin sorpresas. Siete a cuatro. La mayoría del Consejo Fiscal da la espalda al fiscal general del Estado y le reclama que dimita. Es el balance del posicionamiento de los miembros del Consejo Fiscal, que reúne a los representantes de las asociaciones de fiscales, convocado de urgencia por Álvaro García Ortiz para hacerlo “partícipe” de su decisión de no dimitir después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué se ha dicho en la reunión? Los seis vocales conservadores le han pedido que “reconsidere” su continuidad “por el bien de la institución”, el fiscal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le ha exigido que se vaya y los dos progresistas, al lado dos de los tres miembros natos (él es el tercero), le han mostrado todo su apoyo. Los miembros natos son su número dos (la teniente fiscal del Supremo) y la fiscal inspectora jefe. Todas las fuentes presentes a la reunión coinciden en que el encuentro se ha celebrado en un clima “tranquilo”, con “buen ambiente” y con un “tono afable”. Por la mañana, se ha reunido la Junta de Fiscales, que ha apoyado su decisión.
🔎 El incendio que ha desencadenado la imputación de un fiscal del Estado por primera vez en la historia
Los vocales de la Asociación de Fiscales (la mayoritaria y conservadora) le han expresado el “perjuicio que se deriva para la institución” del hecho de que el fiscal general del Estado “se encuentre investigado en un procedimiento judicial que tenga por objeto aclarar su posible responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones”. “Este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso”, esgrime la AF en un comunicado. Se refieren a María de los Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz, que será la fiscal encargada del caso en el Alto Tribunal. Fuentes de la Fiscalía aducen que es la encargada de los procesos que afectan a las autoridades del Estado.
Asimismo, los vocales conservadores consideran que la decisión del fiscal del Estado de continuar en el cargo “pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación”. Y concluyen: “Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. No puede, por tanto, haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución”.
📝 La Junta de Fiscales apoya mayoritariamente la decisión del fiscal del Estado de no dimitir
Los fiscales progresistas consideran que su dimisión sería un “acto de irresponsabilidad” que “debilitaría los cimientos” de la Fiscalía
Por su parte, los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su “firme respaldo” a la decisión del fiscal general del Estado, un apoyo sustentado en “razones de índole moral e institucional”, así como el “propio contenido de la resolución judicial” del Supremo. La UPF relata en un comunicado que “la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda: la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado”. Por lo tanto, sostienen que “no existe viso alguno delictivo en la explicación dada a la ciudadanía”. “¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?”, se preguntan.
“El primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió: había un fiscal en el punto de mira y la fiscal jefe de Madrid y el fiscal del Estado lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación. Qué fácil habría sido abandonarlo a su suerte. Nuestra admiración a ambos por su iniciativa”, esgrimen. Justifican que los fiscales desempeñan una “función pública” y subrayan que su deber es “ejercerla con transparencia y defendiendo la legalidad al servicio de la justicia”. “Que el fiscal general del Estado dimitiera por una nota conforme a Derecho, y a partir de una filtración de origen completamente desconocido, sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución”, remachan.
La APIF pidió ayer la dimisión del fiscal general del Estado porque “ha perdido” la consideración de “jurista de reconocido prestigio”
Finalmente, el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha reclamado la dimisión de Álvaro García Ortiz para “mantener el prestigio” de la Fiscalía y para “separar” la investigación del Supremo de la figura del fiscal general del Estado. Ayer, en un comunicado, la APIF esgrimióla APIF esgrimió que la imputación comporta la “pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio” que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para llegar a ser nombrado fiscal general del estado y que implica que haya perdido “completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público”. “No es posible que pueda continuar ni un minuto más. Mantenerlo es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho”, arguyó. Y también recordó que el Reglamento del Ministerio Fiscal prevé que el fiscal del estado pueda “acordar motivadamente” la “suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”. “No tiene sentido que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado”, lamentó.