La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves otorgar al instructor de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el amparo que este había solicitado frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga a instancias del president Carles Puigdemont y de los consellers en el exilio. En la demanda, acusaban civilmente a Llarena ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
Este apoyo supone solicitar a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez".
Concretamente, el acuerdo supone poner el asunto en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores "para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
Fuentes del CGPJ han explicado que estas medidas podrían incluir la personación de los Servicios Jurídicos del Estado o incluso la designación de un abogado que represente a Llarena en el proceso judicial en Bélgica.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena —los exiliados reclaman un euro de manera simbólica— y las costas que se deriven de una eventual condena civil.
Un voto en contra
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez —designada por IU y que concluye este mismo jueves su labor en el órgano tras ser fichada por el Ministerio de Justicia— ha votado en contra.