El Consejo de Ministros ha desclasificado finalmente en su reunión de este lunes los documentos del CNI sobre el 17-A que pidió la comisión del Congreso de los Diputados que investiga los atentados terroristas del 2017. Así lo confirman a ElNacional.cat fuentes del Ministerio de Defensa, que aseguran que se ha levantado el secreto a todos aquellos documentos que exigió la comisión de la cámara baja. Se trata de una exigencia ya prácticamente histórica de Junts per Catalunya. El Gobierno se había comprometido a desclasificarlo, pero hace unas semanas informó de que no lo había hecho con la excusa de un defecto de forma. La comisión del Congreso, entonces, rehizo su petición de desclasificación. Y ha sido en esta reunión del Consejo de Ministros —probablemente la última del 2024— cuando se ha desclasificado de forma definitiva los documentos requeridos.
Información clasificada
Entre los documentos que la comisión pedía al Gobierno desclasificar estaba el registro de visitas al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, a la prisión de Castellón por parte de miembros de los servicios secretos; así como las transcripciones de las entrevistas mantenidas por miembros de la inteligencia española con el cerebro de los atentados del 17-A. También se reclamaba el permiso de residencia de larga duración y el expediente de solicitud de residencia del terrorista. Se pedía, también, una prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca que se encontró en Sant Carles de la Ràpita días después de la explosión de Alcanar y que era propiedad del islamista radical; actualmente, se encuentra en el depósito Egara de los Mossos d'Esquadra.
El plan de trabajo también pedía la circular policial, en caso de haber, sobre la advertencia de la aplicación del reglamento europeo sobre precursores de explosivos. Se solicitaron también vídeos y pruebas de voz de testigos, así como los acuerdos de las Juntas de Seguridad Autonómicas sobre coordinación entre policía española, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra desde el 2011. Y, finalmente, la información que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre posibles amenazas terroristas entre 2016 y 2017.
El escrito del Ministerio de Defensa de finales de noviembre
A finales del pasado mes de noviembre, el Ministerio de Defensa informó a la comisión del Congreso de que no le podía entregar la mayoría de los documentos que había solicitado porque no habían sido desclasificados por el Consejo de Ministros. Pero sí que entregaba alguna información; la más insustancial: el Gobierno solo apuntaba que el cerebro de los atentados del 2017 nació en 1973 en Marruecos, y hacía una recopilación de las diversas veces que solicitó el permiso de residencia de larga duración, cosa que se le otorgó el año 2006 por parte de la delegación del Gobierno en Barcelona. Más tarde solicitó la protección de asilo, cosa que se le denegó.
El CNI también apuntaba que no se recibieron indicios sobre radicalización antes de los atentados del 17-A. El documento también acreditaba que la policía española daba por hecho que Se Satty murió a causa de la detonación de explosivos por accidente en la casa de Alcanar, laboratorio de una célula yihadista que el CNP acredita que era "sólida" y estaba "unida a través de vínculos familiares y de amistad". Irónicamente, el Gobierno destacaba que el imán tiene caducada su Tarjeta de Identidad de Extranjero desde 2021, como si ignorara que el CNP lo da por muerto desde cuatro años atrás.