La reunión del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona ha acabado con un cambio de nombre del aeropuerto del Prat y con una nueva declaración sobre el fusilamiento del president Lluís Companys, pero sin ninguna novedad en relación a lo que este jueves el gobierno español y el catalán han coincidido en describir como el "conflicto" catalán. La ministra portavoz, Isabel Celaá, se ha escudado en la independencia del poder judicial para no hablar de los presos políticos cuando ha sido interrogada en la rueda de prensa posterior a la reunión. Por lo que respecta a los llamamientos del líder de Ciutadans, Albert Rivera, a un nuevo 155, ha advertido que "no aporta ninguna respuesta política al tema catalán, en este momento".

Tanto Celaá como la ministra Meritxell Batet han sopesado todas y cada una de las palabras que iban pronunciando en su comparecencia después de que el comunicado conjunto difundido el jueves al acabar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha provocado un bombardeo de reproches de PP y Ciudadanos ante la ausencia de una apelación explícita en la Constitución.

¿Ha habido cesión al independentismo?, han interrogado a Celaá. "Absolutamente ninguna cesión", ha subrayado la ministra.

Mientras se celebraba la rueda de prensa se podía escuchar de fondo el sonido de las protestas más allá del Pla de Palau, donde los cordones policiales retenían a las manifestaciones convocadas por las entidades independentistas y los CDR.

Al ser interrogada sobre el obstáculo que puede representar la existencia de presos políticos para conseguir una salida dialogada al "conflicto", la ministra portavoz se ha limitado a insistir en que este "es un estado de derecho y el estado de derecho se sustenta sobre la separación de poderes". "El ejecutivo no puede de ninguna manera interferir en el poder judicial, y es el poder judicial quien determina la prisión o libertad", ha remachado.

El gobierno español ha querido subrayar en la comparecencia de hoy la necesidad de una solución política, y ha reclamado "reciprocidad" de las fuerzas políticas para diseñar la mejor senda posible.

Ante las cuestiones planteadas sobre la declaración conjunta del jueves y la ausencia de una apelación a la Constitución, Batet ha insistido en que la declaración habla de seguridad jurídica y que no hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución, el Estatuto y el resto de normas que se contemplan. "Diálogo y ley" es, según la ministra, el resumen del acuerdo que se aprobó.

De hecho, la defensa de la Constitución se ha convertido también en el argumento para rechazar los llamamientos de Rivera a un nuevo 155. Celaá ha reprochado que el líder naranja invoca repetidamente este artículo "como si fuera el único", pero ha advertido que esta medida no aporta ninguna respuesta política "en este momento".

"A no ser que tras su invocación permanente se esconda un afán de recentralización perpetua de las competencias de la autonomía de Catalunya. El Gobierno defiende la Constitución en su integridad y la constitución consagra a una España de las autonomías", ha remachado, además de asegurar que el Gobierno no quiere volver a una "España de triste recuerdo, que no supo desarrollar la diversidad de los diferentes territorios de España".

El Consejo de Ministros ha rechazado y condenado hoy el consejo de guerra que llevó al fusilamiento del president Lluís Companys y proclama el reconocimiento y reparación de su dignidad, pero no declara la nulidad del juicio porque eso requiere, según ha explicado la portavoz, una disposición normativa que está en trámite a través de una proposición de ley en el Congreso.

Por lo que respecta al cambio de nombre del aeropuerto, el Gobierno considera que transmite un mensaje de "concordia, entendimiento y diálogo" y un reconocimiento de la figura de Josep Tarradellas, y se ha sacudido las protestas del Govern de la Generalitat por el hecho que se trate de una decisión unilateral asegurando que se ha comunicado al ejecutivo Torra, a los ayuntamientos afectado y a la familia, y que ha habido "un acuerdo más que razonable".

Como ya se había anunciado, el gabinete Sánchez ha aprobado el incremento del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros en el mes. Eso beneficiará, según la portavoz Celaá, a unos 2,5 millones de personas.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público que se incrementarán en un 2,5%, además de un 0,5% ligado a la evolución del PIB. Este decreto se aplicará a partir del 1 de enero.